En los últimos meses, la industria del true crime en España ha enfrentado desafíos legales y éticos que han generado una discusión profunda sobre su viabilidad futura. Plataformas digitales, editoriales y productoras audiovisuales se han visto envueltas en controversias relacionadas con derechos de privacidad, límites éticos y protección de las víctimas. Este escrutinio público y judicial pone en cuestión si el género tal como lo conocemos hoy está evolucionando hacia nuevos parámetros o simplemente llegando a su fin.
La presión social y legal sobre el true crime ha aumentado considerablemente en un corto período de tiempo. Un ejemplo reciente es el caso de la docuserie "Angi: Crimen y castigo" de Netflix, suspendida tras una orden judicial que protegía los derechos de intimidad de María Ángeles Molina. Esta decisión refleja una tendencia más amplia donde las plataformas deben equilibrar entre el interés público por los crímenes reales y los derechos fundamentales de las personas involucradas.
Otro episodio relevante es el conflicto surgido alrededor de "El cuerpo en llamas", serie que incluyó escenas controvertidas relacionadas con Rosa Peral, llevando a una disputa legal con la plataforma. En este contexto, también cabe mencionar la decisión editorial de Anagrama de no publicar "El odio", un libro basado en confesiones de José Bretón sobre el asesinato de sus hijos, ante la fuerte reacción social.
Estos casos no son aislados. En junio de 2024, una productora decidió cancelar un documental sobre el asesinato del niño Gabriel Cruz debido a la presión ejercida por su madre, Patricia Ramírez, respaldada incluso por instituciones gubernamentales. Estas situaciones han creado una atmósfera de incertidumbre dentro de la industria audiovisual, forzando a creadores y productores a replantearse cómo abordan estos temas sensibles.
Por otro lado, no todos los proyectos de true crime enfrentan problemas legales. Series como "El caso Asunta", producida por Bambú para Netflix, han sido aclamadas tanto por crítica como por público. Sin embargo, esto no significa que estén exentos de ajustarse a normativas legales; como ocurrió con "Fariña", donde se tuvo que retirar una escena considerada ofensiva tras una sentencia judicial.
Expertos en derecho coinciden en que el género no desaparecerá, pero sí deberá adaptarse a nuevas reglas. La abogada Nuria González señala que los productos deben ceñirse a la verdad y evitar ser ofensivos, mientras que otros juristas recalcan la importancia de respetar la privacidad, especialmente cuando se trata de hechos recientes que afectan directamente a personas aún vivas.
Desde una perspectiva histórica, casos anteriores como el de Paquirri en la década de 1980 ya plantearon dilemas similares sobre la línea entre vida pública y privada. Esto sugiere que el debate actual no es nuevo, sino una evolución de tensiones preexistentes adaptadas a la era digital.
Finalmente, aunque el true crime continúa siendo popular, su desarrollo futuro dependerá de cómo las leyes y la sociedad evolucionen para regularlo. Si bien algunos ven esta situación como una amenaza para el género, otros la interpretan como una oportunidad para establecer estándares más responsables y éticos en su producción.