En Colombia, la gestión pública enfrenta desafíos significativos en términos de transparencia y acceso a la información. Aunque los datos pertenecen al dominio público, no todos los funcionarios parecen comprender esta premisa fundamental. En lugar de considerar el suministro de información como parte integral de sus responsabilidades, muchos ven las solicitudes ciudadanas como una molestia adicional a sus labores diarias. Este cambio de perspectiva genera tensiones entre los servidores públicos y quienes buscan ejercer control sobre el manejo de recursos e iniciativas estatales.

Un caso reciente ilustra esta problemática. En Manizales, una funcionaria reaccionó con sorpresa ante la solicitud de responder más de 20 preguntas planteadas por una veeduría ciudadana. Su respuesta reveladora sugiere una percepción errónea de que atender estas inquietudes significa cuestionar su eficiencia laboral. Sin embargo, lo que está en juego es el derecho legítimo de los ciudadanos a exigir cuentas claras y transparentes.

La situación se agrava cuando ciertos funcionarios muestran un descaro aún mayor. Durante una investigación relacionada con el Malecón de La Dorada, un servidor público respondió de manera evasiva y hasta provocativa frente a consultas sobre estudios y diseños realizados por la Universidad Nacional. En lugar de abordar directamente las dudas, optó por cuestionar la veracidad misma de las fuentes citadas, comparando dichas afirmaciones con hipotéticas invenciones absurdas. Esta actitud refleja no solo una falta de respeto hacia los periodistas, sino también hacia cualquier ciudadano interesado en conocer detalles de proyectos financiados con fondos públicos.

El problema no es exclusivo de unos pocos casos. Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, ha expresado preocupación por este déficit informativo nacional. En su opinión, si las entidades cumplieran adecuadamente con la obligación de publicar información clara y accesible, muchas solicitudes formales podrían evitarse. Además, subraya cómo el escrutinio periodístico y las investigaciones ciudadanas han sido cruciales para destapar irregularidades, como las ocurridas en la Unidad de Gestión del Riesgo o en temas relacionados con contratos para La Guajira.

Es imperativo recordar que las instituciones públicas operan gracias al dinero proveniente de impuestos pagados por todos los ciudadanos. Por lo tanto, proporcionar información no constituye un favor, sino una obligación inherente al rol de servicio que asumen los funcionarios. Solo mediante una cultura de transparencia efectiva podrá construirse una sociedad mejor informada y participativa.