En medio de una creciente preocupación por la falta de transparencia gubernamental, se ha revelado que el gobierno liderado por Pedro Sánchez enfrenta críticas significativas debido a su rechazo a proporcionar información esencial sobre los asesores y personal de confianza del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Aunque otros ministerios han respondido parcialmente a solicitudes de datos, el Ministerio de Presidencia ha optado por un completo silencio, lo que aumenta las dudas sobre posibles conflictos de interés. Mientras tanto, varios departamentos han utilizado excusas burocráticas para evitar revelar detalles clave, incluidos salarios astronómicos que superan los 50.000 euros anuales.

Un Caso Flagrante de Secreto Institucional

En un panorama marcado por la opacidad, destaca el caso del Ministerio de Presidencia bajo la dirección de Félix Bolaños. En este contexto, se ha negado sistemáticamente la entrega de información sobre los 608 asesores asignados, incluso cuando otros ministerios han ofrecido al menos respuestas incompletas. Este ministerio, en particular, acumula uno de los mayores números de personal de confianza, con un reciente aumento de 17 nuevos asesores en momentos de crisis política y parlamentaria.

Además, siete ministerios adicionales se han negado a colaborar plenamente, utilizando diversas justificaciones administrativas como barreras. Algunos argumentaron que proporcionar los datos requeridos implicaría una carga excesiva de trabajo, mientras que otros invocaron la protección de datos personales. Sin embargo, esta última excusa pierde fuerza ante la evidencia de que algunos ministerios sí han compartido listados detallados sin violar la ley.

En términos económicos, aunque no se han revelado cifras exactas de los salarios, se estima que muchos asesores perciben remuneraciones que oscilan entre los niveles más altos del escalafón público, superando ampliamente los 50.000 euros anuales.

En 2024, el gobierno estableció un récord preocupante al rechazar 498 solicitudes de información pública, representando un incremento del 41% respecto al año anterior.

Desde una perspectiva periodística, este caso refleja una tendencia alarmante hacia la oscuridad institucional. Como ciudadanos informados, debemos exigir mayor transparencia en nuestras instituciones públicas. La falta de claridad no solo socava la confianza en el gobierno, sino que también pone en tela de juicio la ética y la responsabilidad de aquellos que ostentan el poder público. Es fundamental recordar que la transparencia no es un lujo, sino un derecho inherente en democracias modernas.