La disputa ante el Tribunal Internacional de Arbitraje (PCA) en Londres entre Sea Search-Armada, LLC y la República de Colombia podría determinar el destino legal de los restos de los galeones españoles naufragados en aguas americanas. Este litigio, que involucra a seis comunidades indígenas bolivianas, plantea cuestiones cruciales sobre la protección del patrimonio cultural subacuático y la industria de cazadores de tesoros. Las comunidades indígenas buscan intervenir como amicus curiae para proteger los metales extraídos por sus ancestros bajo condiciones forzadas. El caso también pone en tela de juicio la postura del Gobierno español y su inmunidad soberana sobre los buques hundidos.

Un Legado Histórico en Juego

El conflicto legal actual se centra en los restos del galeón San José, un barco de guerra español hundido en 1708 durante un ataque inglés. En 1982, una empresa privada anunció haber encontrado los restos y llegó a un acuerdo con Colombia para compartir las riquezas. Sin embargo, desde 2015, Colombia ha cambiado su política y ahora busca explorar el pecio sin fines económicos. Este cambio de postura ha llevado a una disputa legal donde Sea Search-Armada reclama el 50% de las riquezas, mientras Colombia sostiene que fueron otras empresas las que localizaron el galeón.

El San José es solo uno de miles de barcos españoles que naufragaron en aguas americanas entre 1506 y 1778. Estos naufragios son parte integral del patrimonio cultural hispano y representan un tesoro material e histórico significativo. La importancia de este legado no puede ser subestimada, ya que cada barco transportaba bienes valiosos y obras de arte que reflejan la historia y la cultura de la época. La disputa actual pone en riesgo la protección de estos recursos, especialmente cuando se considera que la ley colombiana permite la explotación comercial de otros pecios en sus aguas territoriales. Esta situación ha generado preocupación entre las naciones originarias, que temen que la industria de cazadores de tesoros pueda acceder a los metales extraídos por sus antepasados bajo condiciones de trabajo forzado.

La Voz de las Naciones Indígenas

Las seis comunidades indígenas de Bolivia, reconocidas como naciones con personalidad jurídica internacional, han solicitado intervenir en el caso como amicus curiae. Su objetivo es oponerse a la industria de cazadores de tesoros y proteger el derecho internacional de la cultura. Estas comunidades argumentan que sus ancestros extrajeron y transformaron la plata que posteriormente fue transportada por los galeones españoles. Por lo tanto, consideran que tienen un interés directo en la protección de estos recursos culturales subacuáticos.

Estas comunidades denuncian que Colombia ha permitido la explotación comercial de los pecios mediante leyes que incentivan la asociación del Estado con empresas cazadoras de tesoros. Además, critican la pasividad del Gobierno español en este asunto, argumentando que España debería adoptar una estrategia jurídica y diplomática más activa para proteger los buques hundidos. Si España acepta los términos colombianos sobre el San José, podría establecer un precedente que afectaría a otros yacimientos de galeones en todo el mundo. Las comunidades indígenas advierten que esto debilitaría la inmunidad soberana de los buques de guerra históricos y comprometería la protección del patrimonio cultural común. En resumen, estas naciones originarias buscan garantizar que el legado de sus ancestros no sea aprovechado por intereses comerciales, sino preservado para las generaciones futuras.