El Instituto Nacional Electoral (INE) ha adoptado nuevas responsabilidades relacionadas con la transparencia y el acceso a la información pública, tras la desaparición del anterior Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Estas funciones incluyen la creación de dos instancias clave para supervisar los asuntos vinculados al acceso a la información y la protección de datos personales gestionados por los partidos políticos. El organismo electoral ahora se encarga de garantizar que las obligaciones de transparencia sean cumplidas adecuadamente.
Con la eliminación del INAI, el INE ha establecido una Comisión especial compuesta por consejeros y un Consejo General que resolverán recursos presentados contra decisiones de los partidos políticos. Este nuevo marco busca asegurar que tanto la transparencia como la protección de datos personales sean gestionadas de manera eficiente dentro del ámbito político nacional.
La reestructuración institucional implica la implementación de mecanismos específicos que permitan evaluar y resolver cuestiones relacionadas con el acceso a la información pública y la protección de datos personales. La Comisión integrada por consejerías tendrá la tarea inicial de analizar y emitir resoluciones sobre solicitudes relacionadas con estos temas, mientras que el Consejo General actuará como instancia superior para revisar recursos interpuestos por particulares insatisfechos con las decisiones iniciales. Este sistema garantiza un proceso ordenado y jerárquico, promoviendo mayor certeza y coherencia normativa.
El INE no solo asume estas nuevas funciones, sino que también debe garantizar que los partidos políticos cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia y protección de datos. Esto incluye el derecho de acceso, rectificación, cancelación y portabilidad de datos personales.
Esta expansión de roles refuerza el compromiso del INE con la rendición de cuentas y la transparencia en el ámbito político. Además de ajustarse a sus atribuciones constitucionales y legales, el organismo está consolidando un modelo institucional sólido que garantiza certeza y coherencia en la aplicación de normas. Con esta medida, el INE busca fortalecer la confianza pública al asegurar que los partidos políticos manejen la información de manera responsable y transparente, promoviendo así un entorno democrático más robusto y confiable.