La imputación y encarcelamiento de Santos Cerdán generaron una considerable conmoción en las esferas del PSOE. Desde ese momento, tanto el partido como sus colaboradores políticos han marcado una línea divisoria clara respecto a la financiación ilícita. El propio presidente, Pedro Sánchez, ha reafirmado en diversas ocasiones la ausencia de indicios de este tipo en los informes de la UCO, una postura que ha sido respaldada por los partidos que conforman la mayoría de la investidura.
No obstante, las recientes declaraciones de Cerdán desde su reclusión, difundidas por un medio de comunicación, han reavivado las alarmas del Partido Popular. A pesar de negar la financiación ilegal del PSOE, la formulación de su respuesta, \"No, que yo sepa no\", ha sido interpretada por el PP como un indicio de falta de rotundidad y, por ende, de sospecha.
La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha enfatizado que lo crucial de la entrevista no es lo que Cerdán afirma, sino lo que omite, señalando la incapacidad del exdirigente socialista de descartar categóricamente la existencia de financiación irregular. Este punto ha sido calificado de \"sospechoso\" por el PP, una opinión compartida por Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del partido, quien sugiere que la respuesta de Cerdán, aunque no sea una afirmación directa, insinúa una realidad que elude ser completamente revelada.
En sus respuestas al periódico, Cerdán ha reafirmado su inocencia, alegando no haber cometido ninguna de las acciones que le atribuye la UCO. Sostiene que es víctima de una persecución política, vinculada a su participación en las negociaciones del PSOE. Además, ha desmentido haber tenido conocimiento de que Koldo García y José Luis Ábalos exigieran retribuciones a cambio de adjudicaciones de obras, así como la veracidad de grabaciones que lo implicarían en conversaciones sobre reparto de comisiones, negando cualquier influencia en la concesión de contratos públicos.
A pesar de las negaciones de Cerdán, el Partido Popular se mantiene escéptico, considerando que el caso actual impacta directamente en el núcleo del PSOE. Ezcurra ha destacado la complicada situación judicial de personas cercanas a Pedro Sánchez, sugiriendo una tendencia problemática. Bravo, por su parte, ha señalado que aquellos en el círculo íntimo del jefe del Ejecutivo parecen enfrentar, de manera recurrente, desafíos legales.