Un sistema avanzado de recolección y análisis de transacciones monetarias se ha convertido en una herramienta clave para las autoridades migratorias estadounidenses. Este sistema, gestionado por el Centro de Análisis de Registros de Transacciones (TRAC), permite a entidades como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) rastrear movimientos financieros sin necesidad de autorización judicial. Desde su creación, TRAC ha almacenado información sobre más de 340 millones de transacciones que superan los $500 entre México y varios estados fronterizos de Estados Unidos. Este recurso ha sido especialmente valioso durante administraciones recientes, donde el ICE amplió significativamente su uso.
En Arizona, un centro de análisis financiero comenzó a operar desde principios de 2014 bajo el paraguas de una organización sin fines de lucro. Este organismo almacena datos detallados sobre transacciones realizadas principalmente entre regiones fronterizas de Estados Unidos y México. Las transferencias incluyen no solo montos económicos sino también información personal de quienes envían o reciben dinero. Originalmente diseñado para combatir actividades ilícitas como el lavado de dinero, el sistema pronto atrajo la atención del ICE debido a su potencial para identificar posibles inmigrantes indocumentados.
La colaboración inicial con Western Union proporcionó tanto financiamiento inicial como acceso directo a flujos de capital en tiempo real. Conforme avanzaron los años, esta relación evolucionó hacia una dependencia mayor del ICE, que asumió el control financiero tras la conclusión del acuerdo inicial con la empresa de transferencias. Durante la presidencia de Donald Trump, el uso del sistema alcanzó su punto máximo, con cientos de cuentas activas dentro de la agencia migratoria.
Investigaciones realizadas por legisladores demócratas revelaron preocupantes métodos empleados por el ICE para acceder a estos datos. Utilizando citaciones federales conocidas como "customs summons", la agencia obtuvo información financiera incluso en áreas lejos de la frontera sur. Estas prácticas levantaron dudas sobre la legalidad y ética del uso de estas herramientas, especialmente cuando documentos filtrados mostraron que las solicitudes de información abarcaban países tan diversos como naciones europeas, China y territorios caribeños, extendiendo su alcance más allá de lo originalmente previsto.
El debate sigue abierto sobre el equilibrio entre seguridad nacional y privacidad individual. Mientras algunos argumentan que este tipo de monitoreo es necesario para prevenir crímenes transfronterizos, otros critican la falta de regulación adecuada que proteja a ciudadanos y residentes de vigilancia indiscriminada. En última instancia, este caso subraya la importancia de establecer límites claros en el uso de tecnologías avanzadas para propósitos de seguridad pública.