En el departamento fronterizo de Arauca, una crisis de seguridad ha despertado la alarma debido a supuestas filtraciones de información militar hacia grupos armados ilegales. Según un informe reservado, seis uniformados estarían implicados en estas actividades, beneficiando tanto a las disidencias de las FARC como al ELN. Además, investigaciones revelan vínculos entre exmiembros del ejército y actividades criminales en la región.
Riesgos de Seguridad por Infiltraciones Internas
La infiltración de redes internas ha comprometido la efectividad de operativos militares clave en Arauca. La colaboración entre miembros del ejército y facciones armadas ha debilitado significativamente los esfuerzos para combatir a estos actores ilegales. Este problema subraya la necesidad urgente de fortalecer los sistemas de control interno.
En medio de tensiones crecientes en la región, dos uniformados destacaron en un reporte como sospechosos principales. Estos militares, asignados al Cantón Militar de Puerto Jordán, habrían utilizado su posición para facilitar el traspaso de información crítica y recursos estratégicos a las disidencias de las FARC. Uno de ellos, involucrado en funciones administrativas, compartía datos sensibles con el frente Martín Villa mientras también vendía material bélico. El segundo individuo realizaba movimientos sospechosos hacia áreas dominadas por este grupo rebelde. Aunque ambos fueron trasladados, no enfrentaron consecuencias legales inmediatas, lo que genera preocupación sobre la transparencia en los procesos disciplinarios.
Vínculos Post-Militares con Crimen Organizado
Un exagente de inteligencia militar se convirtió en protagonista de otro caso notable vinculado a esta red de corrupción. Tras abandonar su rol oficial en 2020, este individuo desarrolló conexiones con organizaciones criminales, utilizando conocimientos previos para extorsionar comunidades locales y participar en actividades ilícitas como el comercio de oro.
El perfil de este exmilitar refleja cómo el acceso a información privilegiada puede transformarse en una herramienta peligrosa cuando cae en manos equivocadas. Documentos obtenidos mediante contrainteligencia revelaron su participación en actividades extorsivas y su vinculación con redes de secuestro y minería ilegal. Testimonios humanos y registros fotográficos respaldaron su presencia en varias regiones del país, incluida Popayán, donde circulaba en vehículos lujosos y mantenía relaciones con comerciantes. Además, autoridades identificaron al menos dos suboficiales activos que le proporcionaban información clasificada. Otro caso emblemático es el del sargento Diego Alberto Liévano, capturado en 2022 por sustraer materiales del Ejército destinados a las disidencias. Este caso subraya la importancia de mejorar los mecanismos de vigilancia y responsabilidad dentro de las fuerzas armadas para evitar futuras vulnerabilidades.