En un caso que ha conmocionado al sistema judicial de Argentina, siete oficiales de policía fueron acusados y detenidos por su participación en actos ilegales, incluyendo torturas físicas y allanamientos sin orden judicial. El incidente ocurrió en el barrio Azcuénaga de Rosario, donde las autoridades realizaron operativos bajo la dirección del jefe Miguel Alberto Aguilar. Este caso ha revelado un patrón sistemático de abuso de poder, manipulación y corrupción dentro de las fuerzas policiales.

Detalles del Caso

En una tarde de agosto de 2024, en el bullicioso barrio Azcuénaga de Rosario, un grupo de agentes liderados por Miguel Alberto Aguilar, entonces jefe de la Policía de Acción Táctica (PAT) de Santa Fe, irrumpió en una vivienda sin ninguna orden judicial. Durante este procedimiento irregular, los agentes se llevaron consigo no solo sustancias controladas como cocaína, sino también armas de fuego, dinero en efectivo en diversas monedas y otros bienes valiosos. Según las pruebas presentadas por la fiscalía, estos elementos fueron robados con la intención de involucrarse en actividades relacionadas con el narcotráfico.

La investigación llevada a cabo por el fiscal federal Javier Matías Arzubi Calvo descubrió métodos inhumanos utilizados para obtener información sobre proveedores de drogas. Las víctimas relataron haber sido sometidas a severas torturas físicas, incluidas descargas eléctricas con una picana, golpes y amenazas a sus familias. En un segundo allanamiento igualmente ilegal, realizado en Forest al 5600, los agentes continuaron con sus acciones clandestinas utilizando vehículos oficiales.

Los testimonios recogidos durante las audiencias revelaron un nivel preocupante de brutalidad. Un testigo describió cómo los agentes actuaban sin piedad, revisando teléfonos móviles y empleando técnicas intimidatorias para extraer información. Las pruebas incluyen audios capturados que muestran discusiones entre los oficiales sobre cómo aplicar estas tácticas ilegales.

Perspectiva y Reflexión

Este caso subraya la necesidad urgente de reformar y supervisar estrictamente a las fuerzas policiales. La fiscal María Virginia Sosa calificó a Aguilar como "un maestro en la ilegalidad", lo que resalta la influencia corrosiva que puede tener un líder corrupto dentro de una institución. Los seis subalternos implicados enfrentan cargos graves por su participación directa en las torturas y otros crímenes.

El juez Carlos Vera Barros extendió las prisiones preventivas de los involucrados debido al riesgo de interferir con la investigación. Este escándalo deja una lección clara: la transparencia y la rendición de cuentas deben ser pilares fundamentales en cualquier organización policial para evitar abusos de poder y garantizar justicia para todas las personas afectadas.