El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, anunció que un excontralor estatal se encuentra bajo custodia en territorio estadounidense y enfrenta procedimientos relacionados con el posible desvío de fondos públicos y omisiones en declaraciones patrimoniales. Las autoridades norteamericanas lo detuvieron en Miami debido a propiedades y bienes sospechosos, iniciándose su proceso de deportación hacia México.

Menchaca Salazar enfatizó que las investigaciones corresponden exclusivamente a las instituciones competentes en materia penal. Aunque no puede emitir juicios anticipados, señaló que la presunción de inocencia permanece vigente hasta que concluyan los trámites legales. Además, mencionó que cualquier información proporcionada por el exfuncionario será crucial para esclarecer los hechos, asegurando que este caso responde a un compromiso institucional y no político.

Procedimientos Legales en Curso

El gobierno de Hidalgo confirmó que las acciones legales contra el excontralor están siendo gestionadas por las instancias correspondientes tanto en Estados Unidos como en México. Desde su detención en Miami, las autoridades han avanzado en el proceso de deportación, mientras se analizan varios expedientes vinculados a supuestas irregularidades financieras durante su gestión.

El mandatario regional explicó que, aunque la Procuraduría General de Justicia recibió notificaciones sobre el caso, ya no es competencia del gobierno local. Según él, las agencias estadounidenses tomaron medidas basadas en evidencias relacionadas con bienes inmuebles y vehículos lujosos adquiridos ilegalmente. Una vez devuelto a México, el exfuncionario enfrentará cargos formales, incluidos posibles desvíos de recursos públicos y omisiones en sus declaraciones oficiales.

Compromiso Institucional sin Persecución Política

Julio Menchaca reiteró que este caso forma parte de un marco institucional establecido para garantizar la transparencia y rendición de cuentas en el ámbito gubernamental. Subrayó que no debe interpretarse como una persecución política, sino como un proceso legal necesario para proteger los intereses del estado.

En su declaración oficial, destacó que cualquier contribución ofrecida por el excontralor durante su investigación resultará invaluable para determinar la verdad detrás de las acusaciones. Asimismo, recordó que las autoridades estadounidenses actúan conforme a sus leyes y protocolos internacionales, asegurando que el sistema judicial mexicano seguirá el mismo rigor jurídico. Finalmente, afirmó que la presunción de inocencia seguirá vigente hasta que se comprueben todas las pruebas presentadas en su contra.