El tribunal superior de Entre Ríos ha desestimado un recurso interpuesto por el gobierno regional, confirmando así una sentencia inicial que concede parcialmente una acción de amparo presentada por Fundación CAUCE. Esta organización buscaba obtener datos relacionados con la extracción de arena silícea y su gestión ambiental. El fallo establece que el Estado debe proporcionar esta información dentro de un plazo específico, subrayando la importancia de la transparencia pública en temas medioambientales.

Nuevos Avances en Transparencia Ambiental

En un momento crucial para la protección ambiental, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos dictaminó recientemente un importante fallo legal. Este caso se remonta al 10 de abril de 2025, cuando Fundación CAUCE inició acciones legales tras no recibir respuestas adecuadas a una solicitud formalizada meses antes, el 25 de noviembre de 2024. La demanda tenía como objetivo esclarecer detalles sobre la explotación de arenas silíceas y las medidas de control implementadas por las autoridades locales.

La resolución judicial destacó que la información requerida, especialmente aquella concerniente al destino final de los recursos naturales extraídos, constituye un asunto de interés público. En este contexto, la vocal Susana Medina criticó la falta de datos concretos ofrecidos por el gobierno provincial y rechazó argumentos genéricos acerca de la sensibilidad o reserva de dicha información. Según el fallo, incluso datos potencialmente confidenciales pueden ser tratados mediante métodos de anonimización sin comprometer secretos comerciales.

Este veredicto refuerza la obligación gubernamental de actuar con transparencia, garantizando acceso completo, preciso y oportuno a información ambiental conforme a normativas nacionales e internacionales.

Desde una perspectiva periodística, este caso marca un precedente significativo en la lucha por la transparencia administrativa y la participación ciudadana en decisiones que afectan el medio ambiente. Al priorizar el derecho a la información, se promueve un sistema más democrático y sostenible donde todos tienen voz en cómo se gestionan los recursos comunes. Este tipo de acciones legales sirve como recordatorio de la responsabilidad colectiva hacia nuestro entorno natural.