La Universidad Atlántica de Florida (FAU) ha solicitado unirse al programa 287(g), una iniciativa que permite la cooperación entre fuerzas locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta decisión ha generado inquietud en la comunidad estudiantil, particularmente entre los estudiantes extranjeros. El programa otorga a las autoridades locales mayores poderes para realizar funciones de control migratorio bajo supervisión federal, lo que podría afectar a miles de estudiantes internacionales y "Dreamers" en la institución.
El gobernador Ron DeSantis ha intensificado las colaboraciones entre múltiples agencias del estado y el ICE, permitiendo a agentes locales actuar como oficiales migratorios capacitados. Esto incluye la emisión de órdenes de detención y la identificación de personas indocumentadas en centros de detención. La solicitud de FAU se encuentra en una lista de espera junto a otras 66 entidades, generando preocupaciones sobre cómo podría impactar la seguridad y el bienestar dentro del campus.
Potencial Impacto en la Comunidad Universitaria
La integración de FAU al programa 287(g) plantea serias implicaciones para su diversa población estudiantil. Con más de 31.000 alumnos, muchos de ellos extranjeros, la posibilidad de que la policía universitaria participe en operativos migratorios ha despertado temor. Si se aprueba, esta medida podría alterar drásticamente la experiencia educativa, poniendo en riesgo a estudiantes sin estatus legal regularizado.
El Departamento de Policía de FAU, conocido por sus estrictas políticas contra la discriminación racial o étnica, busca desempeñar un papel activo en el programa federal. Esto implica que sus oficiales podrían asumir responsabilidades relacionadas con la identificación y detención de personas indocumentadas dentro del campus. Sin embargo, la falta de detalles sobre cuántos oficiales serán asignados a estas tareas genera incertidumbre. Algunos estudiantes temen que esto cree un ambiente de inseguridad generalizada, afectando negativamente tanto a quienes tienen estatus migratorio como a aquellos que no lo poseen.
Debate Institucional y Críticas Públicas
El anuncio ha provocado un intenso debate dentro de la comunidad académica. Líderes estudiantiles y organizaciones defensoras de derechos civiles han expresado su rechazo hacia la propuesta. Paula Muñoz, directora ejecutiva de Florida Student Power Network, enfatizó que las instituciones educativas deben centrarse en garantizar la seguridad y bienestar de todos sus miembros, independientemente de su estatus migratorio. Por otro lado, algunos estudiantes argumentan que esta medida podría aumentar la percepción de inseguridad en los campus universitarios.
Además, la figura de Adam Hasner, presidente de la Junta de Gobernadores de FAU, ha sido objeto de críticas. Su historial vinculado a la gestión de centros de detención del ICE ha levantado sospechas sobre conflictos de interés. Activistas destacan que la participación de FAU en el programa podría tener repercusiones graves para los "Dreamers", jóvenes que crecieron en Estados Unidos pero carecen de documentación adecuada. En Florida, aproximadamente 6.000 estudiantes de este grupo estudian en universidades estatales, enfrentándose ahora a la amenaza de deportación si la solicitud de FAU prospera. Este caso ilustra cómo decisiones administrativas pueden transformar radicalmente el panorama educativo y social de una institución.