En un contexto donde la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha generado preocupaciones sobre el ejercicio pleno del derecho al acceso a la información, México Evalúa ha presentado seis recomendaciones clave. Estas buscan orientar a los congresos estatales para que diseñen leyes de transparencia más avanzadas y ajustadas a estándares internacionales. A pesar de los desafíos planteados por la nueva legislación federal, existe una oportunidad significativa para fortalecer la confianza en las instituciones públicas y promover sociedades democráticas más sólidas.

La implementación de la nueva ley general representa un cambio importante en el panorama legal mexicano. Anteriormente reconocida como la segunda mejor ley de acceso a la información en el mundo, la anterior legislación destacaba por su robustez y claridad en temas como excepciones y pruebas de daño. Sin embargo, la nueva versión introduce limitaciones que podrían afectar este progreso. En este contexto, los estados tienen la posibilidad de establecer marcos normativos más avanzados.

Una de las primeras áreas de acción es la creación de órganos especializados colegiados dentro de los poderes ejecutivos estatales. Este enfoque busca preservar un equilibrio institucional mediante la inclusión de múltiples voces en el proceso decisional. Además, se propone que estos órganos cuenten con independencia técnica, operativa y presupuestaria, garantizando un funcionamiento efectivo.

Otro aspecto crucial es la selección de personas idóneas para liderar estos organismos. Se sugiere que los nombramientos consideren requisitos como experiencia previa en temas de transparencia, imparcialidad comprobada y buena reputación. Asimismo, es vital establecer programas de capacitación continua para todos los servidores públicos involucrados en estas funciones.

En cuanto a la documentación y archivo de actos gubernamentales, se recomienda recuperar disposiciones que exijan registrar todo acto derivado del ejercicio de funciones públicas. Esto incluye facilitar el acceso a documentos existentes y evitar prácticas como las "inexistencias" de información. El principio de máxima publicidad también debe ser reforzado, asegurando que toda la información sea accesible, salvo casos específicos justificados.

Finalmente, la participación ciudadana juega un papel fundamental. Recuperar figuras como los Consejos Consultivos puede fomentar la rendición de cuentas social y permitir que colectivos, académicos y líderes sociales contribuyan activamente a las políticas públicas. Igualmente, promover la apertura gubernamental mediante plataformas digitales y mecanismos participativos enriquecerá la democracia local.

En conclusión, aunque la nueva ley general impone ciertos límites, los estados tienen la capacidad de superarlos mediante leyes más avanzadas. Al adoptar medidas como la colegialidad de órganos garantes, la selección rigurosa de personal, la documentación completa de actos y la ampliación de la participación ciudadana, se puede construir un sistema de transparencia que no solo cumpla con requisitos mínimos, sino que también eleve los estándares nacionales e impulse gobiernos más abiertos y responsables.