El gobierno ha anunciado una pausa temporal en el tratamiento de solicitudes relacionadas con la transparencia y protección de datos debido a un cambio estructural. Este proceso incluye la transferencia de responsabilidades desde el antiguo Instituto Nacional de Transparencia hacia un nuevo organismo, Transparencia para el Pueblo, bajo supervisión rigurosa.

La interrupción afecta tanto a los ciudadanos como a las funciones administrativas hasta que se complete la entrega-recepción oficial, destacando cambios significativos en la gestión documental y tecnológica.

Nueva Etapa en la Administración de la Transparencia

En respuesta a modificaciones institucionales, se ha implementado una suspensión temporal de los plazos habituales para gestionar solicitudes públicas de información y derechos sobre datos personales. Este ajuste se debe al traslado de expedientes y archivos desde la anterior entidad gubernamental hacia una nueva agencia llamada Transparencia para el Pueblo. Durante este período, se detendrá cualquier actividad vinculada con estas solicitudes hasta que concluya el proceso de reorganización.

Esta medida surge como parte del acuerdo publicado recientemente, que establece disposiciones específicas para la disolución del Instituto Nacional de Transparencia. El acuerdo menciona que la pausa continuará mientras se lleva a cabo el proceso de entrega-recepción, supervisado por un comité especializado formado por ex miembros de dicho instituto. Este grupo tiene la tarea de asegurar que todos los recursos materiales, registros y sistemas sean transferidos adecuadamente hacia la nueva dependencia encargada. Se espera que esta transición garantice una continuidad efectiva en la gestión futura de la transparencia pública.

Impacto en los Derechos de Acceso y Protección de Datos

Como resultado de esta reestructuración organizativa, los ciudadanos enfrentan limitaciones temporales en cuanto a la recepción de respuestas a sus peticiones relacionadas con acceso a la información pública o ejercicio de derechos ARCO sobre sus datos personales. Esta situación continuará vigente hasta que finalice la fase de transferencia documental y tecnológica entre las entidades involucradas. Las autoridades han asegurado que este lapso será lo más breve posible para minimizar inconvenientes.

El acuerdo también estipula que los ex funcionarios del Instituto Nacional serán responsables de proporcionar informes detallados sobre su gestión pasada. Además, la Secretaría Anticorrupción asumirá la administración de plataformas clave, como la Plataforma Nacional de Transparencia. Este proceso incluye la integración de archivos históricos y la validación de registros existentes bajo la supervisión del nuevo organismo. En los próximos días, se anticipa que las autoridades comuniquen oficialmente cuándo reanudarán la atención a las solicitudes pendientes, marcando así el inicio de una nueva etapa en la gestión de la transparencia gubernamental.