La Fiscalía General del Estado de Sinaloa enfrenta serias críticas por su manejo inconsistente de información relacionada con fosas clandestinas. Un análisis realizado por Data Cívica reveló que Sinaloa es el tercer estado con mayores diferencias entre los datos proporcionados a distintas instituciones gubernamentales y organizaciones civiles. Este problema afecta significativamente las investigaciones sobre desapariciones forzadas y la búsqueda de personas. Además, se destaca que estados como Durango, Chiapas y Campeche mantienen registros coherentes, mientras otros omiten información crucial.

Desafíos en la Transparencia de Datos

El gobierno de Sinaloa enfrenta dificultades para proporcionar cifras claras y precisas sobre fosas clandestinas. Según un estudio reciente, existe una brecha significativa entre los números reportados oficialmente y aquellos compartidos con entidades externas. Esta discrepancia impacta negativamente en la confiabilidad de los datos disponibles públicamente. Aunque algunos estados han logrado mantener registros consistentes, otros simplemente evitan revelar información relevante.

En detalle, la organización Data Cívica encontró que Sinaloa reportó 311 fosas menos a nivel nacional que las registradas localmente. Este hallazgo pone de manifiesto cómo ciertos estados priorizan la transparencia mientras otros no lo hacen. Por ejemplo, Durango y Chiapas destacan por su rigor en la presentación de estadísticas, mientras que estados como Querétaro o Ciudad de México prefieren omitir información clave. En este contexto, la falta de acceso abierto a datos compromete gravemente las iniciativas de justicia y reconciliación.

Impacto Social y Contexto Actual

La crisis de seguridad actual en Sinaloa ha exacerbado el problema de fosas clandestinas. Desde septiembre de 2024, diversas operaciones policiales han descubierto nuevas fosas en diferentes regiones del estado. Estas investigaciones refuerzan la urgencia de mejorar los sistemas de registro y monitoreo de casos de desaparición forzada.

Recientemente, activistas han documentado varios hallazgos importantes. En Barrancos, tres cuerpos fueron recuperados, mientras que en Mezquitillo y Tacuichamona, otras fosas fueron identificadas gracias al trabajo de colectivos independientes. Estos descubrimientos subrayan la necesidad de fortalecer colaboraciones entre autoridades locales y grupos civiles dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas. Además, se observa que gran parte de las fosas han sido localizadas en años recientes, especialmente desde 2017, lo que indica una tendencia alarmante que requiere atención inmediata. Sin una mejora en la transparencia y coordinación, seguirán existiendo lagunas significativas en la investigación y resolución de estos casos.