El ente investigador de Colombia ha iniciado un proceso disciplinario contra un exfuncionario de alto rango de la Empresa Nacional Promotora de Desarrollo Territorial, Enterritorio. La investigación se centra en supuestas irregularidades durante la adjudicación de un contrato multimillonario relacionado con servicios tecnológicos. Entre las anomalías detectadas está la posible omisión de criterios específicos de evaluación que favorecían a ciertos grupos vulnerables.

Este caso involucra una licitación pública para la gestión tecnológica de la empresa, cuyo presupuesto superaba los 37 mil millones de pesos. Se señala que no se aplicaron correctamente los puntajes establecidos en las condiciones contractuales y que se ignoraron observaciones presentadas por uno de los oferentes respecto a errores en el proceso de selección.

Análisis del Proceso Contractual Cuestionado

Un examen profundo revela cómo se desarrolló el procedimiento de contratación que dio lugar a esta investigación. El organismo fiscalizador indaga si hubo negligencia o desviación en la asignación de puntos durante la evaluación de propuestas técnicas. Este aspecto es crucial, ya que afectó directamente a uno de los participantes que cumplía con requisitos específicos como promotor de empleabilidad inclusiva.

El proceso bajo escrutinio comprende un contrato destinado a proporcionar servicios integrales de tecnología de la información y comunicaciones (TIC) para Enterritorio. Estos servicios incluían la administración, operación y mantenimiento de infraestructuras tecnológicas clave. Según la denuncia, pese a haber presentado evidencias que justificaban una calificación más alta, un consorcio quedó fuera de consideración debido a una evaluación presuntamente sesgada. Esta situación plantea serias dudas sobre la transparencia del sistema de evaluación utilizado en la licitación.

Evaluación Judicial y Pruebas Necesarias

La segunda fase del proceso judicial implica la recolección exhaustiva de pruebas documentales necesarias para determinar la veracidad de las acusaciones. Este paso es esencial para establecer si existió falta disciplinaria por parte del funcionario encargado de ordenar el gasto en dicho contrato. Además, se evaluará si este actúo bajo alguna causal legal que pudiera eximirlo de responsabilidad.

En este contexto, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal asumió el liderazgo en la práctica de pruebas con el fin de esclarecer todos los detalles del caso. Esto incluye revisar minuciosamente tanto los documentos originales de la convocatoria como las respuestas dadas a las objeciones planteadas por los proponentes. Aunque inicialmente se señaló que se omitieron argumentos válidos presentados por uno de los oferentes, aún queda por determinar si dichas omisiones fueron intencionales o simplemente producto de errores humanos. Este análisis permitirá definir si el exfuncionario incurrió en faltas graves que ameriten sanciones administrativas.