El departamento de Agricultura, Pesca y Medio Natural de las Islas Baleares está evaluando la situación legal de una granja avícola ubicada en Llucmajor tras ser acusada formalmente ante la Fiscalía por presuntos actos de maltrato animal. Los responsables han solicitado documentación técnica a los dueños del lugar, quienes tienen un plazo de 24 horas para proporcionarla. Este material será clave para elaborar un informe detallado que determine si se han violado las normativas sobre bienestar animal y seguridad alimentaria. El titular de este departamento, Joan Simonet, ha afirmado que cualquier acción tomada estará fundamentada en pruebas técnicas sólidas.

El martes pasado, tanto inspectores del gobierno regional como agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) llevaron a cabo una inspección minuciosa en las instalaciones durante ocho horas consecutivas. La investigación incluyó un análisis exhaustivo de las seis naves donde se encuentran alojadas las gallinas propiedad de la empresa Avícola Son Perot. Las organizaciones defensoras de los derechos animales Arde y Satya Animal revelaron imágenes impactantes que muestran condiciones inadecuadas dentro de la granja, con animales conviviendo entre cadáveres y suciedad extrema.

En respuesta a estas acusaciones, el conseller Joan Simonet expresó cautela respecto a posibles sanciones drásticas como el cierre temporal o definitivo de la explotación. Aunque la actividad en la granja continuó normalmente después de la visita oficial, el caso sigue siendo monitoreado de cerca. En octubre del año pasado, ya se había interpuesto otra denuncia contra esta granja por un posible delito ambiental, aunque finalmente fue archivada debido a la falta de pruebas suficientes.

La información obtenida durante la reciente inspección será crucial para determinar si existen irregularidades graves que requieran medidas urgentes. Mientras tanto, el gobierno regional reitera su compromiso con la protección del bienestar animal y asegura que adoptará todas las acciones necesarias conforme a la ley.

Con la documentación aún pendiente y el análisis en curso, se espera que en breve se tome una decisión basada en evidencia científica y jurídica. Este caso subraya la importancia de garantizar que las explotaciones agrícolas cumplan con las normas vigentes no solo para proteger a los animales, sino también para mantener altos estándares de calidad en la producción alimentaria destinada al consumo humano.