Un magistrado del Tribunal Supremo ha solicitado información detallada al Ministerio de Transportes sobre pagos realizados al exministro José Luis Ábalos. Las cantidades en cuestión, que superan los 500.000 euros, fueron clasificadas como "rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen". Esta solicitud se produce tras un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que recomienda investigar las finanzas personales de Ábalos. Aunque el ministerio declina comentar públicamente, ha confirmado que colaborará con la investigación judicial.
El caso pone en duda la transparencia financiera del exministro, ya que los ingresos no aparecen reflejados en sus cuentas bancarias conocidas hasta ahora. El juez busca completar un análisis económico para determinar si hubo irregularidades en estos movimientos financieros durante los años 2018 y 2019.
Análisis Financiero: Verificación de Transacciones Oficiales
El juez Leopolodo Puente ha ordenado una revisión exhaustiva de los pagos efectuados por el Ministerio de Transportes al exministro José Luis Ábalos entre 2018 y 2019. Estas transferencias, catalogadas bajo conceptos ambiguos como "rentas exentas", ascienden a más de medio millón de euros. La petición surge tras una recomendación de la UCO, que detectó inconsistencias entre los datos tributarios declarados y las cuentas bancarias investigadas.
El objetivo principal es establecer un vínculo claro entre los fondos desembolsados oficialmente y su destino final. Para ello, el magistrado exige que el ministerio proporcione certificaciones precisas sobre el concepto exacto de cada pago, las fechas de ejecución y las cuentas bancarias involucradas. Este proceso tiene un plazo máximo de quince días y busca garantizar que todos los movimientos financieros sean transparentes y legales. Según fuentes ministeriales, cualquier información relevante será compartida exclusivamente con el tribunal competente, evitando comentarios públicos que puedan influir en el curso de la investigación.
Reacción Institucional y Controversias
La decisión judicial ha generado reacciones variadas dentro del ámbito político e institucional. Mientras que el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, mantiene una postura reservada, destacando que los hechos investigados corresponden a una etapa anterior de gestión ministerial, el propio exministro José Luis Ábalos ha interpuesto un recurso legal contra esta medida. En su defensa, argumenta que la solicitud implica una investigación prospectiva injustificada y critica duramente el informe de la UCO, señalando errores significativos en la valoración de algunas de sus propiedades internacionales.
En particular, el caso de una propiedad adquirida en Colombia en 2003 ha sido objeto de debate. Según Ábalos, dicha propiedad fue inicialmente mal evaluada en millones de euros debido a un error administrativo, cuando su costo real apenas superó los 700 euros. Este tipo de discrepancias subraya la necesidad de una auditoría meticulosa que aclare no solo los pagos recibidos, sino también su impacto en la situación patrimonial del exministro. Paralelamente, el juez ha ampliado la indagación hacia otras entidades vinculadas a Ábalos, incluida la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), buscando identificar posibles ingresos irregulares que pudieran haber pasado inadvertidos hasta ahora.