Hace exactamente un año, la controvertida evasión de Carles Puigdemont en Barcelona, un evento que se desarrolló bajo la atenta mirada de cientos de agentes y miles de ciudadanos, y que además fue transmitido en directo por televisión, generó un serio cuestionamiento sobre la eficacia de los Mossos d'Esquadra y su operativo. Este suceso, que dejó al cuerpo policial en una posición comprometida, ha resultado en la imputación de tres agentes y la extensión de la investigación judicial, mientras el político catalán mantiene su residencia en Waterloo, esperando el desenlace de la amnistía. La narrativa de esta fuga expone deficiencias significativas en la estrategia y ejecución de las fuerzas de seguridad, revelando una subestimación del desafío planteado y las consecuencias a largo plazo para la reputación de la institución.

El entonces jefe de los Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, junto a la cúpula policial, puso en marcha un vasto despliegue que incluía 600 efectivos en las calles, tres equipos de drones y un helicóptero en las inmediaciones del Arco de Triunfo. Sallent argumentó ante el Tribunal Supremo que el objetivo primordial era asegurar el orden público y la seguridad ciudadana para que el debate de investidura transcurriera sin incidentes. La detención de Puigdemont, a pesar de la orden de arresto vigente y sus propias declaraciones desafiantes, no fue catalogada como una prioridad. El excomisario explicó que una intervención durante el trayecto de Puigdemont hacia el escenario habría requerido el uso de una fuerza desproporcionada, dado el gran número de personas que lo protegían.

La planificación de este operativo se basó en una premisa fundamentalmente equivocada: la improbabilidad de una segunda fuga. Sallent mismo admitió en su informe y en su testimonio ante la jueza que investiga a los agentes implicados que no se consideró la posibilidad de que Puigdemont regresara a España solo para huir nuevamente. No hubo comunicación con la Policía Nacional para el control fronterizo, lo que subraya la falta de previsión. El 'momento adecuado' para una posible detención, según Sallent, sería en el interior del Parque de la Ciutadella, donde él y otros mandos esperaban, convencidos de que Puigdemont no intentaría escapar por segunda vez.

La desaparición de Puigdemont fue notablemente rápida, en apenas ocho minutos. Después de finalizar su discurso a las 9:04, se anunció por megafonía un supuesto pasillo hacia el Parlament. A las 9:12, un agente reportó la fuga de Puigdemont en un vehículo (aunque con un modelo incorrecto). Durante ese lapso, Puigdemont descendió del escenario, se ocultó en una carpa cubierta, salió por una valla abierta escoltado por un grupo de personas con sombreros de paja y abordó el vehículo que lo esperaba. La investigación de Asuntos Internos de los Mossos calificó esta maniobra como una distracción 'coordinada'.

A las 9:23 de aquel 8 de agosto, los Mossos confirmaron internamente la presencia de Puigdemont en un vehículo, activando el fallido plan 'Jaula', que consistía en controles de carretera para impedir su salida de Cataluña. Este operativo generó escenas irrisorias, como agentes solicitando a motociclistas que se quitaran el casco. Mientras tanto, Puigdemont, según reveló posteriormente Jordi Turull, permanecía oculto en un apartamento cercano al Arco de Triunfo. No emprendió el viaje hacia Waterloo hasta las 20:00, once horas después de su desaparición. La cúpula policial de la época no realizó ninguna autocrítica en la cuestionada comparecencia del 9 de agosto.

El Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona sigue investigando a los tres agentes, Xavier Manso, Javier Rodrigo Niñerola y David Goicoechea, por encubrimiento en la fuga de Puigdemont. Niñerola era propietario del Honda utilizado en la huida, y Bárbara Vidal, amiga de este, fue la conductora. La magistrada ha extendido la investigación por seis meses. Sallent, en su declaración, no pudo descartar que los agentes conocieran los detalles del dispositivo. Recientemente, los tres agentes han sido readmitidos, aunque el expediente interno permanece abierto a la espera de la resolución judicial.

La investigación interna de los Mossos sobre la fuga se limitó a los tres agentes imputados y a los días 7 y 8 de agosto, a pesar de que Puigdemont llegó a Barcelona el día 6. Los agentes de Asuntos Internos solo analizaron fotografías e imágenes proporcionadas por sus superiores, generando informes que, por ejemplo, mostraban el Honda blanco en el aparcamiento subterráneo la noche anterior. La cúpula del 8-A, entonces dirigida por Pere Ferrer y Sallent, ha sido reemplazada. Sindicatos como Uspac y Sap-Fepol criticaron la negligencia y el daño a la imagen del cuerpo, aunque el impacto negativo en la moral diaria de los agentes fue transitorio, el prestigio institucional sufrió un golpe significativo.

La gestión de la crisis, caracterizada por la falta de anticipación y la ausencia de autocrítica en los días posteriores, subraya la necesidad de una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad. La persistencia de Puigdemont en Waterloo, un año después de su audaz maniobra, resalta la complejidad política y judicial de la situación, y la continua reverberación de un evento que dejó en evidencia las vulnerabilidades en el sistema de seguridad y las implicaciones políticas de las acciones de los actores involucrados.