El Consejo de la Unión Europea ha aprobado recientemente una Directiva (DAC9) que amplía el ámbito de cooperación y el intercambio de información fiscal. Este desarrollo implementa aspectos clave del acuerdo internacional sobre reformas fiscales, alcanzado bajo el paraguas del G20/OCDE, con el objetivo de combatir prácticas como la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios. La DAC9 introduce cambios significativos en la presentación de informes fiscales, simplificando procesos para grandes empresas multinacionales y asegurando un cumplimiento más eficiente de las normativas fiscales.
Además, se establece un marco más robusto para el intercambio automático de información entre Estados miembros, lo que busca garantizar que los grupos empresariales paguen impuestos acordes al mínimo global pactado. Esta directiva entrará en vigor tras su publicación oficial y deberá ser transpuesta por los Estados miembros antes del 31 de diciembre de 2025.
La nueva directiva busca mejorar la coordinación entre los Estados miembros mediante la ampliación de las disposiciones de transparencia fiscal. Se introducen mecanismos estandarizados para facilitar la declaración de impuestos complementarios y se promueve un sistema más sencillo para las empresas, permitiendo una única declaración grupal en lugar de múltiples declaraciones individuales.
Con el fin de optimizar la gestión fiscal dentro de la Unión Europea, la DAC9 incorpora disposiciones específicas que buscan eliminar barreras administrativas y aumentar la claridad en los procedimientos de presentación de informes. Las grandes corporaciones ahora podrán optar por una declaración centralizada relativa al impuesto complementario, siguiendo un modelo normalizado que está alineado con los estándares internacionales desarrollados por el G20/OCDE. Este cambio no solo reduce la carga burocrática, sino que también mejora la precisión y consistencia de la información fiscal compartida entre países. Además, el intercambio automático de datos fortalecerá la capacidad de los gobiernos para monitorear adecuadamente el cumplimiento fiscal de las empresas.
Los Estados miembros tienen un plazo claro para adaptarse a las nuevas exigencias establecidas por la DAC9. El proceso incluye la adopción de legislaciones nacionales necesarias para dar cumplimiento a esta directiva antes del final de 2025.
Para asegurar una implementación efectiva, cada país miembro debe integrar las disposiciones de la DAC9 en sus sistemas legales domésticos dentro del período estipulado. Aunque algunos países podrían retrasar la aplicación completa de la Directiva Pilar 2, aún deberán cumplir con los requerimientos de transposición de la DAC9 en el mismo tiempo límite. Esto subraya la importancia de adherirse a un cronograma bien definido, ya que la primera declaración del impuesto complementario debe realizarse antes del 30 de junio de 2026. Este calendario refleja el compromiso de la Unión Europea por establecer un marco fiscal coherente y justo, garantizando que las grandes corporaciones contribuyan equitativamente a los ingresos públicos europeos.