En respuesta a los crecientes desafíos relacionados con el acceso a la información pública, particularmente evidenciados por escándalos recientes como el de los contratados en la Legislatura y las críticas hacia el gobierno provincial, una propuesta legislativa busca renovar el marco legal vigente. La iniciativa, liderada por la legisladora Brenda Austin del bloque UCR, contempla 43 artículos que apuntan a establecer un sistema más eficiente y transparente para la gestión de recursos públicos en la provincia de Córdoba.

Detalles del Proyecto de Ley

En un contexto marcado por la opacidad gubernamental, desde la bancada UCR se impulsa una ambiciosa ley de acceso a la información pública en Córdoba. Su impulsora, Brenda Austin, ha destacado la necesidad de actualizar normativas obsoletas que datan de 1999. En un entorno donde la transparencia es fundamental para combatir la corrupción, esta nueva propuesta pretende crear un organismo autónomo que supervise el cumplimiento efectivo de este derecho ciudadano.

El proyecto incluye medidas clave como garantizar la "transparencia activa", asegurando que toda la información relevante esté disponible en plataformas accesibles al público. Además, amplía su alcance no solo a funcionarios públicos, sino también a contratistas y proveedores que manejan fondos estatales. Esta expansión abarca todos los poderes del Estado, municipios y comunas, obligando a rendir cuentas de manera clara y oportuna.

En caso de negativa o silencio oficial, se establecen mecanismos administrativos y judiciales para forzar el cumplimiento. Se implementan sanciones para quienes obstaculicen el acceso a la información y se definen criterios específicos sobre excepciones conforme a estándares nacionales e internacionales.

Austin critica una cultura arraigada de impunidad y resalta la urgencia de detener el deterioro institucional en Córdoba. Para ella, esta ley representa una oportunidad crucial para fortalecer la democracia mediante la transparencia.

Desde una perspectiva periodística, esta iniciativa legislativa refleja un paso necesario hacia la modernización de las estructuras gubernamentales en Argentina. Si bien enfrentará resistencias políticas, su éxito dependerá de la voluntad de todos los actores involucrados en adoptar prácticas más éticas y transparentes. Este proyecto podría servir como modelo para otras provincias que enfrentan problemas similares de falta de transparencia en la gestión pública.