Un grupo significativo de periodistas especializados en temas judiciales ha emitido un manifiesto expresando su descontento ante una citación como investigados por parte del Juzgado de Instrucción 20 de Madrid. Este caso afecta a cuatro profesionales acusados de revelar secretos relacionados con un informe de la Unidad Central Operativa (UCO). La decisión judicial ha generado preocupación, ya que podría restringir el derecho fundamental de la sociedad a recibir información veraz sobre procesos legales de gran relevancia social e institucional.

El conflicto comenzó tras la publicación de un informe judicial vinculado a una causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El juzgado correspondiente citó a los periodistas para declarar el próximo 19 de junio, basándose en las quejas presentadas por las partes involucradas en el caso y la acusación particular. Estas quejas surgieron después de que ciertos medios divulgaran detalles sensibles relacionados con la investigación.

En respuesta, aproximadamente medio centenar de periodistas han firmado un documento conjunto manifestando su apoyo a sus colegas afectados y subrayando la importancia del secreto profesional garantizado por la Constitución Española. Argumentan que si los reporteros son objeto de investigaciones penales simplemente por cumplir con su deber constitucional de difundir información contrastada, tanto ellos como sus fuentes podrían verse disuadidos de actuar libremente, lo que dañaría severamente las bases de una sociedad democrática.

Los signatarios también destacaron que la ley penal aplicable al caso original no debería extenderse a los periodistas, quienes no forman parte directa del proceso judicial. Según ellos, esta medida pone en peligro el papel esencial de los medios como vigilantes del poder y defensores de la transparencia pública. Además, recuerdan que todos los ciudadanos, incluidos los periodistas, están sujetos a la ley y la justicia, pero enfatizan que cualquier acción legal debe respetar las garantías constitucionales inherentes a su labor.

Finalmente, los profesionales de la información reafirmaron su compromiso con la independencia judicial y expresaron su solidaridad hacia aquellos compañeros enfrentando investigaciones similares. Subrayan que la divulgación de este tipo de información no es exclusiva de unos pocos medios, sino que forma parte de una práctica común entre múltiples plataformas informativas. Con ello, buscan proteger el derecho de los ciudadanos a estar bien informados y mantener viva la discusión sobre asuntos críticos para la democracia.