El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha negado enérgicamente ciertas acusaciones publicadas en medios digitales sobre una supuesta operación contra la Unidad Central Operativa (UCO). La formación política ha reiterado su derecho a tomar acciones legales ante lo que consideran ataques difamatorios. Paralelamente, figuras importantes dentro del partido y el gobierno han expresado su apoyo a las fuerzas de seguridad, mientras destacan preocupaciones sobre posibles injerencias políticas.

Respuesta Oficial del PSOE Frente a Publicaciones Difamatorias

Desde Ferraz se desmintió taxativamente cualquier implicación en actividades destinadas a afectar a la UCO. En respuesta a informaciones publicadas por un medio digital, Esther Peña, portavoz socialista, declaró que tales afirmaciones son falsas e interesadas. El partido subraya que ninguna de las personas mencionadas en dichas informaciones tiene vínculos laborales con ellos.

La polémica surgió tras la divulgación de un audio en el que presuntamente miembros vinculados al PSOE solicitan información comprometedora sobre un oficial de la UCO. Según el PSOE, esta situación forma parte de una estrategia deliberada para desprestigiarlos. Además, critican los comentarios realizados por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, argumentando que sus palabras carecen de fundamento y reflejan prejuicios hacia el partido.

Apoyo Institucional y Preocupación por la Independencia de la Guardia Civil

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mostró su confianza plena en todas las unidades de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Este respaldo institucional se produce en medio de crecientes tensiones respecto a la independencia de estas entidades frente a presuntas intromisiones políticas.

Varias asociaciones de la Guardia Civil manifestaron su inquietud ante la percepción de una posible “purga sistemática” dentro de la institución, particularmente contra la UCO. Estas organizaciones recalcan la importancia de mantener la profesionalidad y autonomía de los agentes investigadores. Asimismo, advierten sobre las consecuencias negativas que podrían derivarse de intentos por condicionar o influir en las investigaciones llevadas a cabo por estas unidades. Desde AUGC destacan que en un Estado de derecho no debe permitirse ningún tipo de interferencia que altere el correcto funcionamiento de las fuerzas de seguridad.