La Central de Abasto de Ecatepec ha presentado una queja formal contra el jefe de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México debido a la propagación de datos incorrectos. Estos afectaron considerablemente su reputación y actividad comercial. El caso se centra en un error informativo que vinculó erróneamente al centro comercial con un operativo policial, ocasionando perjuicios económicos significativos. Además, el presidente de la Central demanda medidas correctivas y compensatorias para los comerciantes impactados.
El líder de la Central de Abasto, Octavio Martínez Vargas, ha interpuesto una queja ante el órgano interno de control de la Fiscalía tras un incidente de comunicación equivocada. Este suceso vinculó indebidamente al complejo comercial con un cateo ejecutado en otra ubicación cercana, lo que generó confusión entre los consumidores y dañó las ventas de cientos de negocios.
En detalle, el problema surgió cuando un boletín oficial difundido el 20 de mayo relacionó el operativo realizado en Venta de Carpio con la Central de Abastos. Sin embargo, el lugar donde ocurrió no pertenece al establecimiento mencionado. Esta imprecisión provocó un deterioro en la percepción pública del mercado y consecuencias financieras negativas. Por ello, Martínez Vargas exige una disculpa pública y acciones concretas para corregir el daño causado. Subraya que este tipo de errores violan principios fundamentales de veracidad institucional.
Más allá de este caso específico, Martínez Vargas también critica la gestión general del fiscal José Luis Cervantes Martínez. Pone de relieve la falta de progreso en diversos asuntos relevantes y la utilización indebida de recursos institucionales con fines políticos. Su reclamo abarca temas como el manejo de fondos públicos y la atención hacia grupos vulnerables.
El dirigente denuncia la manipulación de hechos por parte del fiscal, señalando que esta práctica debilita la confianza ciudadana en la justicia. En particular, menciona casos pendientes, como el presunto desfalco de millones de pesos en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y la inacción frente a miles de denuncias por despojo. Además, critica la ausencia de diálogo con colectivos sociales, como madres buscadoras. Para Martínez Vargas, estas situaciones evidencian una crisis de resultados dentro de la Fiscalía. Por tanto, insta a restaurar la verdad y garantizar que la justicia no sea instrumentalizada políticamente, promoviendo soluciones efectivas que beneficien a toda la comunidad afectada.