El proyecto busca modificar el marco normativo para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en Colima. Se propone cambiar la estructura actual del acceso a la información pública, eliminando el Instituto de Transparencia (INFOCOL) y transfiriendo sus funciones a la Contraloría General del Estado. Además, se incluye al Tribunal de Disciplina Judicial como parte del Sistema Estatal Anticorrupción.

Nueva Estructura para la Transparencia

La iniciativa plantea cambios significativos en la gestión de la transparencia gubernamental. La Contraloría General del Estado asumirá el papel de autoridad garante en materia de transparencia para el Poder Ejecutivo y los municipios. Esto implica la desaparición del INFOCOL y la reorganización de sus responsabilidades dentro de una nueva estructura administrativa.

Con la propuesta, la Contraloría General tomará el control sobre temas relacionados con la transparencia tanto en el ámbito estatal como municipal. Esta medida busca centralizar las funciones que anteriormente realizaba el INFOCOL, asegurando un sistema más eficiente y coordinado. Durante la transición, se mantendrán todos los derechos laborales de los empleados afectados y los actos jurídicos emitidos por el Instituto continuarán surtiendo efecto hasta que entre en vigor la nueva legislación secundaria. Este cambio pretende optimizar los procesos de acceso a la información pública y protección de datos personales.

Incorporación del Tribunal de Disciplina Judicial

El proyecto también aborda la necesidad de fortalecer la lucha contra la corrupción mediante la inclusión del Tribunal de Disciplina Judicial en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Este órgano será responsable de prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción dentro del Poder Judicial.

Al integrar al Tribunal de Disciplina Judicial en el Sistema Estatal Anticorrupción, se busca mejorar la supervisión y control dentro del Poder Judicial del Estado de Colima. Este cambio permitirá una mayor coordinación entre las diferentes instancias encargadas de velar por la transparencia y la ética en el funcionamiento de las instituciones públicas. Las autoridades garantes para los Poderes Judicial y Legislativo serán asignadas según sus respectivos órganos internos de control, garantizando así una distribución equilibrada de responsabilidades en el marco del nuevo sistema propuesto.