El gobierno regional de Valencia ha confirmado su decisión de prolongar y ajustar los servicios destinados a informar, orientar y asistir respecto a las ayudas urgentes ofrecidas tras el desastre natural provocado por la dana. Esta medida busca reforzar el apoyo institucional hacia los municipios afectados y sus ciudadanos, garantizando un proceso ágil en la gestión y resolución de solicitudes relacionadas con la recuperación.
Con una inversión total de 252.422 euros, se mantendrán operativas oficinas específicas durante el mes de abril en varios municipios clave. Estas oficinas proporcionan soporte integral, desde la presentación de documentación hasta la solución de dudas sobre trámites administrativos.
En respuesta a la necesidad urgente de mantener la continuidad del servicio prestado previamente por Tragsatec, el gobierno valenciano ha decidido extender su alcance geográfico. Este refuerzo permitirá que nueve municipios estratégicos cuenten con personal capacitado para gestionar y tramitar las solicitudes de ayuda. La duración de esta prórroga será de un mes, asegurando así una cobertura adecuada mientras se planifican soluciones a largo plazo.
Los municipios beneficiados incluyen Albal, Aldaia, Alginet, Catarroja, Chiva, Utiel, Alaquàs, Sedaví y Alfafar. Durante este período, cada uno de estos lugares contará con dos profesionales dedicados exclusivamente a brindar atención personalizada a los ciudadanos afectados por la riada. Este enfoque garantiza que tanto los gobiernos locales como las personas impactadas reciban el apoyo necesario para superar las dificultades generadas por el desastre.
Las oficinas designadas no solo actúan como centros de recepción de documentos, sino que también desempeñan un papel crucial en la facilitación de información esencial para la ciudadanía. Proporcionan orientación sobre los diversos trámites requeridos para acceder a las ayudas disponibles y resuelven consultas relacionadas con expedientes en curso.
Además de ayudar en la presentación de solicitudes, estas instalaciones ofrecen detalles claros y precisos sobre todos los pasos involucrados en el proceso de recuperación financiera. Su función incluye coordinar con otras entidades gubernamentales para garantizar que cada caso sea tratado de manera eficiente y justa. Este sistema integrado busca minimizar cualquier obstáculo burocrático que pueda retrasar la obtención de recursos vitales por parte de quienes lo necesitan más.