A partir de una nueva disposición implementada por la administración Trump, millones de personas que dependen de servicios financieros como casas de cambio podrían enfrentar dificultades al realizar transacciones. Esta medida requiere que las empresas documenten cada transacción en efectivo realizada en ciertas áreas fronterizas entre $200 y $10,000, solicitando información personal como números de seguro social o documentos oficiales de identificación. Aunque el objetivo es combatir actividades ilícitas, como el lavado de dinero vinculado a cárteles de droga, muchos temen que afecte desproporcionadamente a inmigrantes legales e ilegales que envían remesas a sus familias.

Desde principios del año pasado, se han intensificado los esfuerzos para monitorear transacciones sospechosas en 30 códigos postales específicos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Este cambio surge tras declaraciones del Departamento del Tesoro sobre la necesidad de utilizar todas las herramientas disponibles para contrarrestar actividades criminales. Sin embargo, expertos como Nicholas Anthony del Cato Institute expresan preocupación porque límites tan bajos como $200 pueden impactar a individuos inocentes que realizan depósitos normales.

El proceso de seguimiento busca evitar prácticas conocidas como "estructuración", donde grandes sumas de dinero son divididas en múltiples transacciones menores para evadir detección. Según Albert Torres del Instituto George W. Bush, esta estrategia ha sido empleada previamente contra redes de tráfico de cocaína desde Colombia hacia Nueva York. A pesar de su intención, empresarios locales como Xavier Guerra temen que este requisito genere resistencia entre clientes extranjeros reacios a compartir datos sensibles.

Otro aspecto crítico es el aumento del trabajo administrativo que esto implica para pequeñas empresas financieras. Estas ya están obligadas a presentar informes sobre transacciones grandes, pero ahora deberán extender ese alcance a montos más modestos. Esto podría llevar a recortes de empleo o incluso cierres si los negocios pierden clientes preocupados por su privacidad o si deciden posponer cambios monetarios hasta cruzar la frontera.

En respuesta, algunos líderes empresariales han instado tanto al público como al gobierno a reconsiderar estas políticas. Argumentan que mientras se persigue un propósito noble, los métodos utilizados deben ser revisados para minimizar impactos colaterales. Finalmente, el debate continúa sobre cómo equilibrar seguridad nacional con derechos individuales sin comprometer economías locales ni confianza pública.