México ha decidido abordar las demandas del Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, proporcionando información sobre su situación interna. Sin embargo, niega categóricamente que el Estado sea responsable de desapariciones forzadas. El gobierno subraya su compromiso con los derechos humanos y destaca que no se permite ni se ordena ninguna desaparición como parte de una estrategia gubernamental. Por otra parte, el intercambio con el Comité comenzó en 2014 y México continuará compartiendo sus esfuerzos nacionales para enfrentar este problema. Este comité internacional supervisa el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El gobierno mexicano rechaza enfáticamente cualquier implicación estatal en actos de desaparición. A través de un anuncio oficial, recalca que tales prácticas no forman parte de sus políticas ni son toleradas bajo ninguna circunstancia. Esta postura refleja el empeño del país por garantizar el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de sus ciudadanos, así como su lucha contra las causas raíces de la violencia.
Este rechazo representa un claro mensaje hacia la comunidad internacional. Al negar cualquier vínculo entre el Estado y las desapariciones forzadas, el gobierno busca transmitir confianza y transparencia. La declaración también incluye un llamado a profundizar en las acciones preventivas y correctivas implementadas nacionalmente. Estas medidas buscan erradicar el fenómeno de las desapariciones mediante programas específicos diseñados para proteger a la población civil. Este enfoque integral busca no solo resolver casos individuales, sino también construir un marco normativo sólido que impida futuras violaciones.
En respuesta a la solicitud del Comité de Naciones Unidas, México ha manifestado su disposición a colaborar dentro del marco de un proceso de diálogo iniciado hace años. Este compromiso demuestra la intención del gobierno de mantener canales abiertos con organismos internacionales encargados de supervisar temas críticos como las desapariciones forzadas.
Desde 2014, México participa activamente en este proceso de comunicación con el Comité Contra la Desaparición Forzada. Una vez recibida la solicitud formal, analizará y compartirá información detallada sobre las acciones y programas implementados a nivel nacional. Este diálogo no solo busca informar sobre avances, sino también recibir retroalimentación constructiva para mejorar las políticas públicas. Además, el papel del Comité como órgano supervisor de tratados internacionales asegura que los Estados cumplan con sus obligaciones legales y morales frente a esta grave problemática global.