Tras un ciberataque que afectó al Departamento de Justicia de Puerto Rico, las autoridades lograron recuperar el sistema informático crucial para la gestión judicial. Este proceso incluyó la implementación de nuevas medidas de seguridad y monitoreo para proteger los datos sensibles de la ciudadanía. Aunque el sistema está operativo nuevamente, las investigaciones sobre el incidente continúan.
El esfuerzo conjunto entre varias agencias permitió no solo restablecer el acceso a plataformas clave como los certificados de antecedentes penales, sino también fortalecer las barreras tecnológicas contra futuros ataques.
El sistema de información judicial ha sido completamente restaurado tras un ataque cibernético que lo dejó inoperativo por varios días. Durante este tiempo, tanto el gobierno como expertos en tecnología trabajaron incansablemente para garantizar su reintegración segura y funcional. Este proceso implicó pruebas exhaustivas y mejoras adicionales en sus protocolos de protección.
Desde que se detectó el acceso indebido al sistema, se activaron todas las medidas de contingencia necesarias. El equipo técnico, junto con representantes del Departamento de Justicia y otros organismos especializados, laboraron continuamente, incluso durante el fin de semana, para mitigar cualquier riesgo asociado a la vulnerabilidad digital. Como resultado, no solo se reestablecieron todos los servicios críticos, sino que se añadieron capas adicionales de seguridad que aseguran un funcionamiento más robusto frente a amenazas similares en el futuro.
En respuesta al incidente, se han adoptado nuevas estrategias para mejorar la vigilancia y protección de los sistemas informáticos gubernamentales. Estas acciones buscan prevenir intrusiones futuras y garantizar la integridad de la información sensible almacenada.
Las autoridades han enfatizado la importancia de mantener una constante evaluación de las defensas digitales. Para ello, se están integrando herramientas avanzadas de monitoreo que proporcionan una mayor visibilidad sobre posibles actividades sospechosas dentro de la infraestructura tecnológica. Además, se seguirá colaborando con agencias locales y federales en la investigación del ataque, con el objetivo de identificar a los responsables y tomar medidas correctivas adecuadas. Este compromiso refleja el esfuerzo continuo por proteger tanto a los ciudadanos como al sistema judicial de cualquier amenaza externa.