Un reciente encuentro virtual entre Alejandro Hamlyn, un empresario vinculado al comercio de petróleo con Venezuela, y Leire Díez, representante del PSOE, ha desatado nuevas revelaciones sobre el caso Koldo. Este asunto investiga a Víctor de Aldama, cuyo testimonio afecta directamente al gobierno español liderado por Pedro Sánchez. Según Hamlyn, posee información comprometedora sobre una presunta empresa mixta establecida en Ginebra que estaría relacionada con Delcy Rodríguez, exvicepresidenta venezolana, y Aldama. Esta compañía habría sido utilizada para exportar ilegalmente petróleo desde Venezuela hacia República Dominicana.

En febrero, durante una reunión por videoconferencia con miembros destacados del PSOE, Hamlyn reiteró su disposición para proporcionar dichos documentos bajo ciertas condiciones. Insistió en recibir un acuerdo formal por escrito donde se comprometiera la ayuda política en su propia investigación abierta debido a supuestas maniobras fraudulentas realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO). Su actitud fue enfática: no revelaría pruebas sin este documento previo.

Javier Pérez Dolset, otro empresario investigado colaborando con el PSOE, advirtió sobre las implicaciones éticas de promesas incumplidas mediante una referencia indirecta hacia Aldama. A lo que Hamlyn respondió con indignación defendiendo su integridad frente a acusaciones infundadas. Enfatizó que sus prácticas empresariales son legales y diferenciables de cualquier actividad ilícita atribuida a otros personajes involucrados.

El contexto ampliado muestra tensiones crecientes dentro de las relaciones internacionales afectadas por estos acontecimientos políticos y económicos. Mientras tanto, figuras como Jacobo Teijelo actuaron como mediadores buscando resolver disputas pendientes entre partes interesadas.

Finalmente, Víctor de Aldama niega cualquier conexión con Delcy Rodríguez en negocios ilícitos, afirmando que tales declaraciones son estrategias manipulativas diseñadas por Hamlyn para influir en decisiones gubernamentales. Este caso continúa siendo un tema polémico en los círculos políticos y judiciales españoles, dejando preguntas sin respuesta sobre transparencia y responsabilidad en operaciones internacionales.