Con la reorganización de funciones gubernamentales, nuevas responsabilidades han sido asignadas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha llevado a una redistribución de roles clave dentro del sistema público. Entre las tareas transferidas destaca el manejo de la Plataforma Nacional de Transparencia, cuya gestión busca garantizar un acceso efectivo a la información pública.

Uno de los desafíos más importantes que enfrenta la nueva estructura es asegurar la continuidad en la resolución de conflictos relacionados con solicitudes de información. Las áreas encargadas ahora deben desarrollar mecanismos robustos para abordar quejas y promover la transparencia sin interrupciones. Este cambio requiere coordinación eficiente entre diferentes departamentos gubernamentales, asegurando que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la información de manera oportuna y efectiva.

La adaptación de estas nuevas atribuciones representa una oportunidad para fortalecer la confianza entre el gobierno y la sociedad. Al priorizar la claridad y la accesibilidad de la información, se puede construir un entorno donde la participación ciudadana sea más significativa y empoderada. Este proceso de transformación subraya la importancia de mantener canales abiertos y transparentes que refuercen los valores fundamentales de una democracia sólida.