El panorama de la transparencia gubernamental está experimentando modificaciones significativas debido a la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI). Estas transformaciones implican la suspensión temporal de ciertos procedimientos relacionados con el acceso a la información. Las fechas límite para esta suspensión varían según el poder involucrado, extendiéndose hasta el 3 de junio para el Ejecutivo y hasta el 18 de junio para los poderes Legislativo y Judicial. A partir del 19 de junio de 2025, nuevas autoridades asumirán la resolución de recursos vinculados a solicitudes de información y denuncias por falta de cumplimiento de obligaciones de transparencia.
A partir del 21 de marzo de 2025, entró en vigor una reforma constitucional que redefine la estructura institucional en materia de transparencia. Esta modificación fue oficializada mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En respuesta a estos cambios, un nuevo órgano administrativo, denominado Transparencia para el Pueblo, dependiente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ha asumido diversas responsabilidades previamente atribuidas al INAI. Este traspaso de funciones marca el inicio de un período de transición durante el cual algunos procedimientos están suspendidos.
Paralelamente, ciertos procesos clave continúan operativos sin interrupción. De acuerdo con lo estipulado en los artículos 19 y 20 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las entidades obligadas deben seguir recibiendo y atendiendo solicitudes de acceso a la información. Además, se mantienen las obligaciones relativas a la publicación y actualización de datos correspondientes a sus compromisos de transparencia. En particular, la carga de información pertinente al primer trimestre de 2025 debe realizarse dentro del plazo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de ese año.
Con la implementación de estas modificaciones, el sistema de transparencia busca adaptarse a un marco normativo renovado. La transición implica no solo ajustes temporales en los plazos de los procedimientos, sino también la redefinición de roles y responsabilidades institucionales. Este proceso garantiza que, pese a los cambios, las actividades fundamentales vinculadas al acceso a la información pública sigan siendo ejecutadas con diligencia y eficiencia, asegurando así el derecho ciudadano a estar informado.