¿Por Qué Esta Elección Marca un Cambio Radical en el Sistema Judicial?

La transformación estructural que implica la elección popular de jueces, magistrados y ministros trasciende lo meramente simbólico. Es una apuesta decidida por fortalecer la transparencia y legitimidad de las instituciones encargadas de garantizar el Estado de derecho.

Evolución Institucional: Una Reforma Constitucional con Impacto Transformador

En septiembre de 2024, la aprobación de una reforma constitucional abrió las puertas a esta novedosa forma de seleccionar autoridades judiciales. A través de criterios innovadores como la paridad de género y la representatividad social, se busca democratizar un sistema que históricamente había sido designado mediante procesos cerrados.

Este cambio legislativo permitió convocar a más de 300 mil candidatas y candidatos interesados en ocupar cerca de 2700 cargos judiciales. Entre ellos destacan nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y quince magistraturas regionales del mismo tribunal.

Logística Electoral: Un Desafío sin Precedentes para el INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) asumió un reto monumental al organizar este proceso electoral. Las personas votantes tuvieron la posibilidad de elegir múltiples candidaturas en función del número de cargos disponibles y del género de los aspirantes. Este esquema requería una organización meticulosa tanto en términos técnicos como operativos.

Para garantizar la transparencia, el INE implementó mecanismos de vigilancia a cargo de observadores electorales independientes. Además, el escrutinio y cómputo de votos se transmitieron públicamente mediante cámaras instaladas en los 300 Consejos Distritales del país. Sin embargo, debido a limitaciones presupuestarias, no se pudo aplicar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) ni realizar conteos rápidos.

Proceso de Conteo: Detalles Técnicos y Cronograma Definido

Guadalupe Taddei, presidenta del INE, explicó que el cómputo oficial iniciaría tan pronto como cerraran las casillas, específicamente a las 18:00 horas del 1 de junio. Este procedimiento implicaba clasificar y contar los votos por tipo de elección en las Mesas Directivas de Casilla Seccional (MDCS). El detalle específico de cada candidatura se registraría posteriormente en los Consejos Distritales.

El orden establecido para el conteo priorizaba las ministraturas de la Suprema Corte, seguidas de las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, las de la Sala Superior del TEPJF, las salas regionales, las magistraturas de circuito y finalmente las juezas y jueces de distrito. Dos modalidades definían cómo se llevaría a cabo este proceso: en paralelo si hubo voto anticipado o secuencial si no fue el caso.

Calendario Oficial: Fechas Clave para la Validación de Resultados

El cronograma delineado por el INE establecía fechas precisas para cada etapa del proceso. Desde el nivel distrital hasta el nacional, los resultados fueron revisados exhaustivamente para asegurar su validez. Los cómputos distritales se llevaron a cabo del 1 al 10 de junio en los Consejos Distritales del INE, mientras que el 12 de junio correspondió a los Consejos Locales de cada estado y las cabeceras de circunscripción federal.

Finalmente, el 15 de junio se realizó la declaración oficial de validez de los comicios en el Consejo General del INE. En esa fecha se publicaron los resultados definitivos y se entregaron constancias de mayoría a los ganadores, marcando así el cierre formal del proceso electoral.

Implicaciones Democráticas: Un Paso Adelante hacia la Transparencia

Esta elección histórica representa más que una simple modificación en el método de selección de autoridades judiciales. Refleja un compromiso renovado con la participación ciudadana y la rendición de cuentas dentro del ámbito judicial. Al permitir que la población elija directamente a quienes impartirán justicia, se fortalece la confianza en las instituciones.

Además, la inclusión de criterios de paridad y representatividad amplía el espectro de voces presentes en estas decisiones fundamentales. Este modelo podría servir como ejemplo para futuras reformas en otros sectores del gobierno, promoviendo una mayor cercanía entre los ciudadanos y sus representantes.