Una asociación profesional de suboficiales de la Guardia Civil, ASESGC, ha interpuesto una denuncia formal contra Leire Díez, militante del PSOE, acusándola de diversos delitos como tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. Según las pruebas presentadas, se afirma que Díez intentó obtener información comprometedora sobre un alto oficial de la Unidad Central Operativa (UCO). Además de Díez, otros individuos mencionados en audios filtrados también están siendo investigados debido a su participación presunta en estas acciones.

La denuncia se centra en los supuestos esfuerzos de Leire Díez para conseguir datos incriminatorios contra el teniente coronel Antonio Balas, un miembro clave de la UCO. Según ASESGC, estos actos podrían estar vinculados con intereses políticos dentro del PSOE. En los registros de audio publicados por un medio informativo, se revela cómo Díez ofreció beneficios legales a cambio de esta información crítica. Este caso ha generado preocupación respecto a posibles abusos de poder y manipulación judicial.

ASESGC solicita medidas específicas para garantizar la integridad del proceso legal. Entre ellas figura la necesidad de analizar técnicamente los audios proporcionados, asegurándose de que no hayan sido manipulados ni alterados. Además, se pide identificar fehacientemente las voces implicadas mediante experticias científicas realizadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

El caso también incluye una solicitud de acceso a información personal relacionada con los involucrados, gestionada a través de canales oficiales establecidos para proteger tanto la privacidad como la transparencia en el marco de la ley. Esta petición busca consolidar evidencias sólidas antes de proceder con cualquier acción penal adicional.

Desde ASESGC, destacan que este movimiento tiene como objetivo principal defender la independencia y reputación de la Guardia Civil frente a cualquier intento de deslegitimación. La UCO, unidad responsable de investigaciones sensibles, incluyendo casos recientes de gran relevancia pública, necesita mantener su credibilidad intacta ante la sociedad española.

Este caso representa un desafío significativo para el sistema judicial español y plantea importantes preguntas sobre ética política y uso indebido de recursos públicos. Las próximas decisiones judiciales serán cruciales para determinar si existen bases suficientes para continuar con el proceso legal iniciado por ASESGC.