El panorama legislativo actual en el estado de Jalisco refleja un desafío significativo para adaptarse a los estándares modernos de transparencia y protección de datos. En este contexto, cinco propuestas de reforma constitucional han sido presentadas con la intención de alinear las normativas locales con los cambios institucionales recientes. Estas iniciativas buscan reforzar derechos fundamentales como el acceso a la información pública, pero muestran limitaciones importantes. Aunque todas parten del marco constitucional establecido en diciembre de 2024, muchas de ellas se centran únicamente en reproducir ese modelo sin profundizar en aspectos clave que afectan directamente su implementación efectiva.

Uno de los puntos débiles recurrentes es la falta de análisis profundo sobre cómo se genera, gestiona y distribuye la información en el entorno actual. Sorprendentemente, solo una de las propuestas mantiene el organismo garante existente (ITEI), lo que podría indicar incertidumbre o incluso desconexión con la realidad local. Además, el plazo para ajustar estas regulaciones según lo estipulado a nivel federal expira el próximo 18 de junio, dejando poco margen para debatir y mejorar estos proyectos. Este apuro por cumplir tiempos puede comprometer la calidad y pertinencia de las leyes resultantes.

Es crucial reflexionar sobre la importancia de legislar no solo para cumplir con fechas límite, sino también para garantizar que las normas sean pertinentes y eficaces frente a los avances tecnológicos actuales. La transformación digital avanza rápidamente, y los modelos obsoletos basados en prácticas de hace dos décadas ya no son suficientes. Es necesario incorporar herramientas modernas como la inteligencia artificial generativa para mejorar la gestión de la información pública. Al hacerlo, se asegurará que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos digitales de manera más efectiva y segura. Por ello, pensar en legislación con visión hacia el futuro debe ser una prioridad en la agenda política de Jalisco.