La institución académica ha manifestado su oposición a una iniciativa de cambio planteada en el ámbito legislativo, destacando que actualmente está llevando a cabo sus propios procedimientos para renovar su marco normativo. Este proceso incluye la participación activa de diversos sectores de la comunidad universitaria.

En este contexto, se enfatiza la necesidad de proteger la independencia institucional y garantizar que cualquier modificación sea fruto del consenso interno.

Proceso autónomo de actualización normativa

La institución educativa subraya que ya se encuentra inmersa en un esfuerzo interno para modernizar sus reglas operativas. Este proyecto involucra tanto a los profesionales docentes como al personal administrativo y a los estudiantes, asegurando así una perspectiva integral y equilibrada.

Dicho proceso no solo abarca reuniones formales dentro de las distintas facultades y programas de bachillerato, sino que también promueve debates abiertos donde todos los miembros de la comunidad pueden expresar sus ideas y preocupaciones. Esta metodología busca integrar las diversas voces presentes en la universidad para construir un sistema normativo más inclusivo y adaptado a las necesidades actuales.

Defensa de la autonomía institucional

Desde la dirección de la universidad se reitera la importancia de mantener su capacidad de decisión independiente frente a cualquier tipo de intervención externa. Esto se considera fundamental para preservar la calidad académica y la identidad propia de la institución.

El argumento principal gira en torno a la creencia de que las decisiones relacionadas con la estructura y funcionamiento de la universidad deben emanar exclusivamente de quienes conforman su comunidad. En este sentido, se solicita respeto hacia este principio básico de autonomía, destacando que cualquier alteración debe surgir únicamente tras un profundo análisis conjunto entre todos los implicados, evitando imposiciones que puedan comprometer la estabilidad y progreso de la institución.