Un año después de una controvertida jornada electoral que marcó un hito en la historia reciente de Venezuela, el panorama político y social del país caribeño se caracteriza por una profunda desilusión colectiva y una acentuada represión gubernamental. Este domingo, el régimen de Nicolás Maduro organiza nuevas elecciones municipales, calificadas por muchos como una \"farsa\" más en su estrategia para consolidar un \"autogobierno popular\" que dista mucho de los principios democráticos. La sociedad venezolana, marcada por una diáspora sin precedentes y la asfixia económica, enfrenta un futuro incierto donde la esperanza de un cambio político choca con la realidad de un gobierno cada vez más autoritario y afianzado en el poder.

La situación actual en Venezuela rememora la pregunta de un sociólogo, quien comparó la petición a opositores chilenos en 1974 de votar bajo la dictadura de Pinochet con la situación venezolana. La respuesta es contundente: una minoría se aventura a participar en los comicios actuales. Esto se evidenció en las elecciones parlamentarias de mayo, donde una abstención cercana al 85% eclipsó tanto a los partidarios del chavismo como a los sectores más conciliadores de la oposición, representados por figuras como Henrique Capriles y Manuel Rosales. Estas elecciones municipales están destinadas a transcurrir sin mayor trascendencia, pero el aniversario del 28-J, ocurrido un año antes, permanece como un momento crucial que redefinió la trayectoria del chavismo. Expertos electorales, como Jesús Castellanos, afirman que el régimen busca establecer una nueva fase de procesos electorales en Venezuela, desprovista de condiciones democráticas fundamentales y con una apariencia de pluralismo controlada por el poder.

La estrategia del gobierno venezolano parece emular un modelo visto anteriormente en otras latitudes, caracterizado por un simulacro electoral con partidos oficialistas, judicializados y otros creados de forma express. Este andamiaje busca legitimar lo que el oficialismo denomina una \"democracia participativa y protagónica\", ignorando principios básicos de transparencia, como la publicación de resultados y la realización de auditorías de votos. A pesar de la maquinaria electoral aparentemente aceitada, los comicios municipales replican las mismas condiciones precarias de las parlamentarias de mayo, en un intento por borrar el recuerdo del suceso de hace un año.

El 28 de julio del año anterior, miles de venezolanos desafiaron las adversidades, haciendo largas filas y protegiendo con celo las urnas, transmitiendo las actas históricas a un comando electoral que las publicó online, revelando una verdad que asombró al mundo. El candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, obtuvo siete millones de votos, superando ampliamente los tres millones de Nicolás Maduro, a pesar del vasto aparato de propaganda y el sistema de control social implementado por el régimen. Este resultado fue notable, considerando las restricciones impuestas y la exclusión de figuras como María Corina Machado, quien había impulsado una ola de fervor popular en el país, especialmente en los barrios populares y las zonas más vulnerables de Venezuela.

La reacción del gobierno a esta demostración popular fue brutal. Lo que siguió se ha calificado como terrorismo de Estado, con un aumento significativo de la represión. Las calles fueron escenario de violencia y las prisiones se llenaron de cientos de opositores, calificados como \"terroristas\". Actualmente, el Foro Penal documenta 853 presos políticos, incluyendo 81 extranjeros, 14 de ellos españoles. El partido Vente Venezuela de Machado, así como líderes de la Plataforma Unitaria, han sido blanco de una represión particularmente severa, junto con activistas sociales y periodistas. Decenas de detenidos permanecen desaparecidos, y la situación de cuatro menores de edad entre los presos políticos subraya la crueldad del sistema, donde la tortura y el aislamiento son prácticas denunciadas. La persistencia de esta opresión ha generado una \"depresión colectiva\" entre la población y ha forzado a nueve millones de venezolanos a exiliarse, conformando una de las mayores diásporas del siglo XXI.

La incursión de la administración de Donald Trump en la política venezolana, con un enfoque pragmático que prioriza sus propios intereses sobre la promoción de la democracia, ha complicado aún más el panorama. El reciente intercambio de prisioneros y el regreso de la petrolera Chevron a Venezuela para la extracción de crudo son ejemplos de acuerdos que, aunque buscan beneficios mutuos, han sido percibidos por algunos como un golpe a la causa democrática. Analistas políticos señalan que la \"Administración Trump ha sido inconsistente, incluso ha priorizado el entendimiento con Maduro dejando de lado a la causa democrática\", lo que ha fortalecido al régimen a pesar de sus problemas internos. Aunque la dictadura chavista enfrenta desafíos evidentes, su principal objetivo es la subsistencia a cualquier costo. La imagen de Maduro, aislado y custodiado, incluso en eventos públicos, es un reflejo de su posición de poder basada en la fuerza más que en el apoyo popular. La pregunta sobre si queda esperanza para el pueblo venezolano persiste, pero algunos expertos sugieren que, como en otras revoluciones autoritarias, la fragilidad del régimen podría eventualmente dar paso a un resurgimiento de la aspiración democrática. La sociedad, aunque en un \"repliegue táctico\" o \"depresión colectiva\", buscará la forma de manifestarse y de recuperar su democracia.

El primer aniversario de la farsa electoral más notoria en las Américas, coincidiendo con nuevas elecciones municipales consideradas ilegítimas, sumerge a Venezuela en una realidad de \"terrorismo de Estado\" y represión incesante. El gobierno ejerce un control férreo sobre la sociedad civil, persiguiendo a opositores, periodistas y activistas. Esta situación oscila entre la desesperación generalizada y un tenue hilo de esperanza, que ve en el 28-J un símbolo de resistencia. La reanudación de operaciones de Chevron en el sector petrolero, vista por algunos como un beneficio para intereses externos, ahonda la percepción de que el juego geopolítico internacional prioriza acuerdos económicos sobre la defensa de la democracia, dejando al pueblo venezolano en un limbo de incertidumbre, donde la anhelada salida aún no tiene fecha.