El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha establecido un precedente clave al determinar que los mensajes enviados a través de plataformas digitales como WhatsApp pueden ser utilizados como pruebas legales. En una decisión emitida por la Sala de Casación Civil, se destacó que las conversaciones electrónicas tienen el mismo valor probatorio que documentos físicos reproducidos. Este caso particular involucró una disputa legal entre dos individuos relacionada con un préstamo y una propiedad inmobiliaria.

Análisis detallado del fallo judicial

En una resolución emitida el 12 de febrero, la Sala de Casación Civil del TSJ analizó un conflicto originado en Monagas, donde una mujer contrató un préstamo de 14 mil dólares para cubrir una deuda médica. Como garantía, entregó un terreno y una vivienda. Sin embargo, esta transacción fue registrada formalmente como una compraventa, lo cual llevó a complicaciones legales.

Las partes mantuvieron correspondencia constante a través de WhatsApp, lo que resultó crucial para el tribunal al determinar que dichas conversaciones constituían evidencia válida. Según la magistrada Carmen Eneida Alves, las conversaciones demostraron que el acuerdo era una simulación encubierta, lo que justificó su anulación.

Este fallo marca un hito importante al ratificar el artículo 4 de la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, que reconoce la validez probatoria de información digital impresa. Las conversaciones fueron esenciales para desentrañar la verdadera naturaleza del acuerdo, revelando intereses financieros adicionales no reflejados en los documentos formales.

Desde Acceso a la Justicia, se destaca que este veredicto proporciona claridad jurídica significativa, guiando tanto a jueces como a abogados en casos futuros que involucren pruebas digitales.

La incorporación oficial de mensajes electrónicos en procesos judiciales representa un avance importante hacia la modernización del sistema legal venezolano. Este caso demuestra que las tecnologías digitales ya no son meramente herramientas informales, sino componentes fundamentales en la construcción de argumentos legales. Además, subraya la necesidad de precaución en las comunicaciones electrónicas, ya que estas pueden tener repercusiones legales duraderas.