El caso del presentador David Broncano y su vinculación con RTVE ha generado gran interés público debido al monto económico involucrado y la falta de transparencia en los detalles contractuales. A pesar de ser una entidad pública, RTVE inicialmente se negó a divulgar información sobre los contratos que ligaban a Broncano como conductor, director y productor de "La Revuelta". Esta negativa se basaba en una cláusula de confidencialidad dentro del acuerdo mercantil. Sin embargo, tras una reclamación ciudadana ante el Consejo de Transparencia, se determinó que dicha información debe ser accesible para garantizar la fiscalización adecuada de los fondos públicos.

Desde que se anunció la incorporación de David Broncano a RTVE, numerosas preguntas han surgido acerca del alcance financiero de esta relación. El programa "La Revuelta", cuyo costo por temporada supera los 14 millones de euros, llevó a muchos medios y ciudadanos a solicitar más detalles específicos sobre el contrato del presentador mediante el Portal de Transparencia. Según las leyes vigentes, RTVE está obligada a proporcionar cualquier información requerida por ciudadanos bajo la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Sin embargo, todas las peticiones recibieron la misma respuesta: un acuerdo comercial con cláusulas de confidencialidad impedía revelar esos datos.

El conflicto escaló cuando un ciudadano anónimo decidió recurrir al Consejo de Transparencia tras no obtener satisfacción con las respuestas iniciales. En su solicitud, este individuo pedía copias detalladas de todos los contratos relacionados con la contratación de Broncano y "La Revuelta". También solicitaba fechas de firma, tipos de procedimientos utilizados y cantidades involucradas. La respuesta inicial del Ministerio de Hacienda solo amplió el plazo argumentando la necesidad de recopilar y analizar los datos antes mencionados.

Finalmente, el Consejo de Transparencia emitió una resolución el 13 de febrero de 2025, estableciendo que RTVE debe hacer pública la información requerida. En su dictamen, se destacó que invocar simplemente una cláusula de confidencialidad sin justificación suficiente constituye una barrera injustificada al derecho de acceso a la información pública. Además, se señaló que la ciudadanía tiene derecho a conocer exactamente las condiciones de contratación, especialmente considerando que se trata de un gasto significativo de dinero público.

Con esta decisión, RTVE enfrenta ahora la responsabilidad de divulgar toda la información relacionada con los contratos de David Broncano. Este fallo marca un hito importante en la lucha por la transparencia gubernamental y reafirma el derecho de los ciudadanos a fiscalizar el uso de recursos públicos. Aunque aún queda abierto el camino legal para apelaciones, esta resolución subraya la importancia de mantener altos estándares éticos y transparentes en las relaciones entre entidades públicas y figuras prominentes de la televisión.