Un reciente encuentro deportivo ha desatado una nueva ola de críticas hacia la gestión de la candidatura para el Mundial 2030. Durante un partido de la Nations League femenina, celebrado en Balaídos, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, reiteró sus demandas públicas contra Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol. Según Caballero, la ciudad de Vigo merece ser reconocida como sede oficial del evento mundialista, basándose en méritos objetivos que justifican su elección inicial. El líder municipal argumentó que la exclusión de Vigo no solo carece de fundamento, sino que también perjudica la imagen internacional del país.

El conflicto escaló cuando Caballero denunció prácticas opacas en las decisiones relacionadas con la organización del torneo. Aseguró que existen pruebas significativas proporcionadas por exfuncionarios de la candidatura, cuestionando la transparencia en los cambios realizados a las sedes propuestas. Además, señaló que la comunicación interna entre los miembros clave de la organización fue deficiente y que faltaron documentos oficiales que respaldaran ciertas modificaciones cruciales. “La ausencia de claridad en estos procedimientos daña gravemente la credibilidad de la Federación”, afirmó el alcalde, quien también mencionó la importancia del apoyo mostrado por José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes.

En un contexto donde la integridad institucional es vital, este debate resalta la necesidad de transparencia y responsabilidad en la toma de decisiones relacionadas con eventos de gran envergadura. La inclusión de todas las partes interesadas garantizaría un proceso más justo y equitativo. La lucha de Vigo no solo representa una causa local, sino un llamado a nivel nacional para revisar y mejorar las estructuras administrativas que rigen estas iniciativas. Al final, lo que está en juego es mucho más que una sede; es la reputación de España en el ámbito internacional.