En Venezuela, un caso de detención ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos humanos. Eduardo Torres, un destacado abogado y activista, fue arrestado bajo acusaciones relacionadas con actividades conspirativas antes de las elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo. Su familia y colegas han denunciado falta de información oficial sobre su paradero, lo que ha llevado a especulaciones sobre posibles violaciones a sus derechos fundamentales. A pesar de estar protegido por medidas cautelares otorgadas por la CIDH, Torres enfrenta cargos graves como terrorismo y traición a la patria.

El viernes 16 de mayo, la organización no gubernamental Provea informó que los familiares de Torres fueron notificados de manera "extraoficial" sobre su ubicación en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide. Sin embargo, cuando estos intentaron confirmar dicha información en el lugar, nuevamente se les negó cualquier tipo de confirmación o acceso. Este caso ha sido marcado por semanas de silencio oficial desde su desaparición el 9 de mayo.

El fiscal general Tarek William Saab justificó la detención argumentando vínculos de Torres con planes destinados a alterar el orden público durante los comicios electorales. Según Saab, el activista fue presentado ante un tribunal el 14 de mayo, donde se le impuso una medida restrictiva de libertad debido a supuestas infracciones legales serias. Esto ha generado rechazo tanto dentro como fuera del país, ya que muchos consideran que estas acciones podrían constituir represalias políticas.

Provea ha exigido transparencia inmediata respecto al estado y localización exacta de Torres, así como el respeto por su derecho a recibir visitas de familiares y profesionales legales. Además, recuerdan que él es beneficiario de medidas protectivas internacionales tras recibir amenazas previamente documentadas. La incertidumbre sobre su situación continúa alimentando temores sobre prácticas ilegales que podrían afectar a otros defensores de derechos humanos en el país.

La comunidad internacional observa atentamente este caso, que pone en duda el cumplimiento de principios democráticos y judiciales en Venezuela. Mientras tanto, las familias y aliados de Eduardo Torres mantienen esperanzas en que se garantice su seguridad personal y se aclare completamente su situación legal bajo estándares internacionales aceptados.