En un movimiento significativo para la gestión del turismo en Barcelona, las formaciones políticas PSC, ERC y Comunes han sellado un pacto crucial para incrementar progresivamente la tarifa que los visitantes abonan por cada noche de estancia. Esta decisión, con proyecciones de duplicar el monto actual para el año 2029, tiene como fin principal mitigar las repercusiones negativas del flujo turístico en las zonas urbanas, a la par que genera ingresos adicionales para el ayuntamiento.

El viernes de esta semana marca un hito en la política local de Barcelona con la aprobación del incremento escalonado del gravamen por estancia. Este ajuste prevé que la contribución por pernoctación ascienda a ocho euros en 2029, un notable aumento respecto a los cuatro euros vigentes. La concertación entre el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Comunes ha sido fundamental para sacar adelante esta iniciativa, mientras que Junts optó por la abstención y tanto el Partido Popular (PP) como Vox manifestaron su rechazo.

La propuesta, que originalmente fue impulsada por Esquerra Republicana de Catalunya, incluye la creación de un fondo específico. Este fondo se destinará a revertir una parte de los ingresos generados por la actividad turística hacia aquellos distritos que sufren de manera más acusada la saturación de visitantes. El objetivo es equilibrar la balanza y asegurar que los beneficios del turismo repercutan positivamente en la calidad de vida de los residentes.

Las reacciones a esta medida no se han hecho esperar. Jordi Valls, teniente de alcalde de Economía en Barcelona, acogió la iniciativa con optimismo, aunque recordó que la tarifa vigente, que ya se encuentra en su máximo de cuatro euros este año, ya contribuye significativamente a la financiación de servicios esenciales como el transporte público, la seguridad y el plan de climatización escolar. Valls indicó que el equipo de gobierno municipal tiene la intención de presentar la propuesta formalmente durante el debate de las ordenanzas fiscales en octubre, con el propósito de que entre en vigor en abril de 2026.

Por su parte, Elisenda Alamany, líder de ERC en Barcelona, enfatizó la importancia de la propuesta de su partido. En sus declaraciones a la prensa, recogidas por Europa Press, Alamany argumentó: \"Deseamos que la gente descubra la ciudad, pero no queremos que el precio que pagan los barceloneses sea la pérdida del comercio tradicional en favor de tiendas que venden abridores de botellas con formas de pene o camisetas de 'I love MILFs'\". Esta declaración subraya la preocupación por la desvirtuación del tejido urbano y comercial a causa de un turismo masivo y desregulado.

La urgencia de la implementación ha sido un punto de discrepancia para los Comunes. Carolina Recio, representante de este grupo, expresó su asombro ante la demora para alcanzar el precio máximo de la tasa, indicando que la situación actual \"demanda celeridad y mayor ambición\". Esto refleja la visión de que la crisis generada por el exceso de turismo requiere una respuesta más rápida y contundente.

Desde Junts, el concejal Arnau Vives, aunque se abstuvo en la votación, reconoció el valor del recargo. Sin embargo, advirtió que la tasa debe servir para \"mitigar las externalidades negativas sin convertirse en un mero mecanismo de mercadotecnia política\", sugiriendo que en el pasado ha habido un uso inadecuado de este tipo de medidas.

Entre los grupos de oposición, Juan Milián del PP manifestó su firme rechazo a la propuesta, acusando a ERC de pretender transformar Barcelona en una \"ciudad hostil para el visitante\". En una línea similar, Gonzalo de Oro, líder de Vox en Barcelona, aunque favorable a una pequeña contribución para compensar el desgaste urbano provocado por el turismo, criticó duramente el impacto desproporcionado que la tasa tendría en familias, señalando que una familia de cuatro personas podría llegar a pagar 60 euros adicionales por noche, recayendo la responsabilidad de la gestión de estos cobros en los hoteles.

En resumen, la capital catalana se prepara para una transformación en su política turística, buscando un equilibrio entre la atracción de visitantes y la preservación de la calidad de vida de sus habitantes. La decisión de elevar la tasa turística es un paso hacia una gestión más sostenible del modelo turístico, con la esperanza de generar beneficios tangibles para la comunidad local y mitigar los desafíos que el turismo masivo impone. Este acuerdo interpartidista refleja la creciente conciencia sobre la necesidad de regular y redistribuir los beneficios del turismo de manera equitativa.