La reciente investigación de la Guardia Civil ha puesto en el punto de mira la actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) durante la devastadora DANA que golpeó Valencia, resultando en un trágico balance de 228 víctimas mortales. El informe detalla una notable carencia de alertas por parte de esta entidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, sobre el crítico desbordamiento del barranco del Poyo, un factor clave en la magnitud del desastre. Esta situación subraya la importancia vital de la comunicación temprana y eficaz en la gestión de emergencias hídricas, un elemento que, según la investigación, falló estrepitosamente en el momento más aciago.

Detalles de la Investigación sobre la Inacción de la CHJ

En el corazón de la Comunidad Valenciana, un informe exhaustivo de 220 páginas, elaborado por la Guardia Civil y dirigido a la jueza instructora Nuria Ruiz Tobarra, ha arrojado luz sobre la gestión de la DANA. La principal revelación es la 'inexistencia de avisos' por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) respecto al inminente desbordamiento del barranco del Poyo, un suceso que lamentablemente provocó la mayoría de las 228 muertes registradas el pasado 29 de octubre. A pesar de que la Generalitat y ex altos cargos imputados previamente habían señalado un 'apagón informativo' por parte de la CHJ, liderada por Miguel Polo, es ahora la Guardia Civil quien corrobora esta tesis con pruebas contundentes. El informe detalla que los avisos de superación de caudales, lejos de ser automáticos, requieren una 'validación manual por parte de los técnicos de sala' antes de su difusión. Sorprendentemente, no se emitieron comunicaciones a pesar de que los umbrales de alerta (nivel 1 a las 16:15, nivel 2 a las 17:00 y nivel 3 a las 17:25) fueron ampliamente superados. De hecho, la primera notificación sobre el ascenso exponencial del caudal, con un volumen extraordinario de 1.686.8 m³/s, no se produjo hasta las 18:43. La Guardia Civil cuestiona abiertamente la 'aparente ausencia de control' de la CHJ sobre el dispositivo de monitoreo del barranco del Poyo, particularmente en el instante más crítico. El informe también analiza las llamadas al 112, confirmando que muchas alertas ciudadanas sobre desbordamientos fluviales precedieron al envío del polémico sistema ES-Alert a las 20:11 horas. De las 228 fatalidades, 192 ocurrieron específicamente en el barranco del Poyo. Aunque la CHJ no era la única fuente de información para el Centro de Coordinación de Emergencias (también contaban con datos de la Aemet y las llamadas al 112), el informe enfatiza la crucial necesidad de que la información sobre los volúmenes de agua en el Poyo se transmitiera con inmediatez dada la magnitud de las precipitaciones, un requisito que no se cumplió.

Desde la perspectiva de un observador, este informe no solo arroja una sombra sobre la gestión de la emergencia por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, sino que también resalta la imperiosa necesidad de una coordinación y comunicación impecables entre las distintas entidades implicadas en la protección civil. La tragedia del 29 de octubre nos recuerda dolorosamente que la anticipación y la respuesta rápida son pilares fundamentales para salvaguardar vidas frente a fenómenos naturales extremos. Es crucial que se tomen medidas concretas para reforzar los protocolos de alerta y asegurar que la información vital fluya sin obstáculos, permitiendo a los ciudadanos tomar decisiones a tiempo y a las autoridades actuar con la celeridad que estas situaciones demandan. La vida humana depende de ello.