El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha convocado a los gobernadores de cinco provincias para consolidar la implementación del nuevo régimen fiscal impulsado por el gobierno central. Este sistema busca facilitar el control tributario y optimizar la declaración de bienes mediante un proceso digitalizado accesible con un solo clic. Aunque varias jurisdicciones han mostrado su apoyo, otras han expresado resistencia ante este cambio, lo que podría desencadenar sanciones federales. Paralelamente, se planea una reforma en la Ley Penal Tributaria para ajustar montos mínimos y reducir plazos legales.

En una reunión programada para los próximos días, se espera la participación de Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Poggi (San Luis) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Estos líderes regionales se unirán al esfuerzo gubernamental de modernizar el sistema fiscal nacional. El objetivo es simplificar las obligaciones de los contribuyentes y eliminar la necesidad de documentación adicional para ciertas transacciones financieras. Este avance permitirá establecer límites claros para operaciones como transferencias bancarias, extracciones y compras informales, así como inversiones en plazos fijos o sociedades de bolsa.

La adopción del sistema no será universal, ya que algunas provincias han decidido no adherirse debido a preocupaciones sobre la soberanía fiscal local. Entre ellas figuran Buenos Aires, La Pampa, Formosa, Tierra del Fuego, La Rioja y Santa Fe. Desde el gobierno central se ha advertido que estas jurisdicciones enfrentarán restricciones en el acceso a información fiscal federal, además de posibles multas para instituciones bancarias que rechacen sumarse al proyecto. Para incentivar la adhesión, se han establecido plazos y beneficios claros, incluyendo la entrada en vigencia del sistema el 1 de junio próximo.

Más allá de la implementación del nuevo régimen fiscal, el gobierno también trabaja en una reforma legislativa que modifique la Ley Penal Tributaria. Esta iniciativa pretende elevar considerablemente el monto mínimo que define la evasión como delito, pasando de $1,5 millones a $100 millones. Además, se propone reducir el tiempo de prescripción legal de cinco a tres años, lo que busca agilizar procedimientos judiciales relacionados con infracciones fiscales. Sin embargo, temas como la penalización del dólar paralelo quedarán fuera de esta actualización inmediata, reservándose para futuras discusiones legislativas.

Una vez concluidos los detalles técnicos, el vocero presidencial Manuel Adorni presentará oficialmente las medidas durante una conferencia de prensa. Este anuncio marca un hito importante en la transformación del sistema fiscal argentino, promoviendo mayor eficiencia y transparencia mientras aborda las preocupaciones de diversos sectores involucrados. La implementación exitosa dependerá tanto de la cooperación entre niveles gubernamentales como de la aceptación generalizada por parte de los contribuyentes.