La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido archivar el caso que investigaba al productor musical Nacho Cano debido a la ausencia de indicios racionales que respalden delitos relacionados con prácticas laborales irregulares. Este caso, centrado en jóvenes mexicanos que participaron como becarios en el musical Malinche, generó un amplio debate sobre las condiciones laborales y los derechos de los extranjeros. Los magistrados consideraron que no existía suficiente evidencia para sostener acusaciones contra Cano ni otros cinco investigados, vinculados a posibles infracciones contra los derechos de los trabajadores y ciudadanos extranjeros.
El conflicto legal comenzó cuando se cuestionó si los becarios estaban siendo explotados o si sus actividades excedían lo permitido bajo el marco de formación profesional. Sin embargo, tanto el primer informe de la Inspección de Trabajo como el segundo confirmaron que no había pruebas concluyentes de una relación laboral encubierta. En su análisis final, los inspectores destacaron que no se observaron características fundamentales de una relación laboral, tales como dependencia jerárquica o retribución económica directa.
Un punto clave en este caso fue la solicitud de un nuevo informe por parte de la magistrada Inmaculada Iglesias, quien consideró necesario profundizar en la investigación inicial. Este segundo informe, realizado por un inspector distinto al primero, reforzó las conclusiones previas y subrayó que las prácticas realizadas por los becarios mexicanos no constituían una relación laboral formal. Además, indicó que los estudiantes recibieron apoyo financiero limitado para cubrir gastos personales, pero no salarios propios de un contrato laboral.
Otro aspecto relevante abordado en el informe fue la falta de competencia de la Inspección de Trabajo en materia de autorizaciones de estancia para extranjeros. Según el documento, esta responsabilidad recae principalmente en otras entidades gubernamentales, dejando fuera del ámbito de actuación de la Inspección cualquier irregularidad relacionada con visas o permisos de residencia.
La detención de Nacho Cano tuvo lugar antes de que el segundo informe estuviera completo, lo que añadió complejidad al proceso judicial. Las críticas formuladas por la jueza hacia el primer informe fueron tomadas en cuenta, asegurándose que todas las partes relevantes fueran debidamente consultadas y documentadas.
Concluidas las investigaciones y tras analizar exhaustivamente los datos disponibles, los magistrados concluyeron que no había fundamento para mantener abierta la causa. Esto representa un desenlace importante para Cano y su equipo, quienes enfrentaron serias acusaciones durante meses. La decisión refuerza la importancia de realizar investigaciones completas y rigurosas antes de tomar medidas legales precipitadas.