Los incidentes de ahogamiento en España han experimentado un preocupante ascenso, consolidándose como un serio problema de salud pública. El mes de junio de 2025 se ha registrado como el periodo más sombrío en la historia reciente, con 85 decesos en entornos acuáticos, lo que representa un dramático aumento del 112% en comparación con el mismo mes de 2014. Expertos señalan que el calor inusual de junio impulsó a muchos a buscar alivio en el agua antes del inicio oficial de la temporada de socorrismo, un factor clave en este repunte. La falta de una normativa nacional unificada en materia de seguridad acuática y la escasa presencia de socorristas en numerosas zonas de baño, especialmente en entornos naturales como ríos y embalses, son identificadas como causas fundamentales de esta trágica tendencia. Además, se observa una disparidad significativa en las cifras, donde la mayoría de las víctimas son hombres, un fenómeno que se vincula a comportamientos imprudentes y una sobreestimación de las propias capacidades.

La tragedia de los ahogamientos también afecta desproporcionadamente a los menores, siendo el descuido de los adultos un factor determinante. Un porcentaje considerable de estos incidentes infantiles ocurre en piscinas, donde la falsa percepción de seguridad lleva a una disminución de la vigilancia. Expertos explican que los ahogamientos en niños suelen ser silenciosos, sin los signos dramáticos que a menudo se muestran en la ficción, lo que complica la detección temprana. En las playas, la presencia de socorristas es un factor crucial para la prevención; las estadísticas muestran que las muertes son mínimas en las playas con Bandera Azul, que garantizan servicios de vigilancia. La importancia de la supervisión profesional es innegable, con miles de rescates exitosos que demuestran su valor vital.

Frente a esta crítica situación, la comunidad de expertos insiste en la urgente necesidad de establecer una 'Dirección General de Prevención de Ahogamientos', similar a la entidad de tráfico. Esta propuesta busca unificar las regulaciones y los criterios de formación y despliegue de socorristas a nivel nacional, superando la fragmentación actual entre las diferentes comunidades autónomas. Solo a través de una acción coordinada y una mayor concienciación pública, que abarque tanto la vigilancia profesional como la responsabilidad individual, se podrá revertir esta alarmante tendencia y asegurar que los espacios acuáticos sean lugares de disfrute y no de tragedia, fomentando una cultura de seguridad y respeto por el medio acuático que promueva la vida y el bienestar.