La Justicia Prevalece: Ninguna Autoridad Está Por Encima de la Ley

El Camino Judicial: De la Denuncia al Tribunal Supremo

Han transcurrido dieciséis meses desde que salió a la luz la información sobre la disposición del compañero sentimental de Isabel Díaz Ayuso a reconocer dos delitos fiscales. Durante este período, el fiscal general del Estado ha agotado todas las vías para evitar sentarse en el banquillo, enfrentando ahora un juicio por la presunta divulgación de dicha información. La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por Álvaro García Ortiz, ratificando la resolución del 9 de junio que daba por concluida la fase de investigación y proponía su enjuiciamiento por revelación de secretos. Esta decisión, aunque no unánime, cuenta con el respaldo de dos de los tres jueces del Alto Tribunal encargados de revisar la actuación del instructor. La resolución destaca que la actuación fue \"coordinada e impulsada personalmente por el Fiscal General del Estado\", marcando un hito en la justicia española.

Un Consenso Judicial Inquebrantable a Pesar de la Oposición Fiscal

La culminación de esta investigación es el resultado del esfuerzo de aproximadamente quince jueces, quienes han trabajado incansablemente a pesar de la oposición constante de la Fiscalía, que ha solicitado reiteradamente el archivo de la causa en las tres sedes judiciales donde se ha tramitado el caso. Entre los implicados se encuentran un juez de instrucción, seis magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y ocho del Tribunal Supremo (TS). El proceso se inició con la actuación del Juzgado 28 de Madrid, tras una denuncia del Colegio de la Abogacía. Posteriormente, el magistrado Jaime María Serret remitió el caso al TSJM, considerando que los hechos denunciados justificaban la apertura de diligencias. Esta postura fue ratificada un mes después por tres miembros de la Sala de Admisión del TSJ, quienes admitieron a trámite la querella del afectado. La investigación avanzó, y tras la conclusión de que el fiscal general también debía ser imputado, el caso fue elevado al Tribunal Supremo.

Decisiones Clave del Supremo: Ratificación y Borrado de Evidencias

En octubre del año pasado, cinco magistrados de la Sala de Admisión del Alto Tribunal validaron el criterio del TSJ, encomendando la instrucción a un sexto magistrado. Ahora, dos de los tres componentes de la Sala que revisa la labor del instructor han dado el visto bueno definitivo para el procesamiento, por primera vez, de un fiscal general. La resolución desestima la defensa de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que sugerían la posibilidad de otros filtradores. Los magistrados argumentan que la filtración ocurrió horas después de que el fiscal general solicitara el correo, haciendo \"irrazonable\" la idea de que la información proviniera de fuentes ajenas a la Fiscalía. Además, la Sala aborda de manera contundente el borrado de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp por parte de García Ortiz, calificando esta acción como un \"potente contraindicio\" y señalando que la desaparición intencionada de pruebas sugiere un intento de ocultar información, lo cual es preocupante para el inminente juicio.

Archivada la Causa Contra la Fiscal Jefe de Madrid y Discrepancias Judiciales

La misma resolución notificada en la víspera ha acordado, por unanimidad, archivar la causa contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. Aunque el instructor había propuesto juzgarla por su presunta colaboración en la filtración, al haber proporcionado el correo que revelaba el reconocimiento de delitos fiscales por parte de la defensa del novio de Ayuso, el tribunal ha determinado que su acción fue \"neutral\" y no demostró una intención de revelar secretos. No obstante, la Sala ha encontrado objeciones respecto al fiscal general, considerando \"prescindible\" la afirmación del instructor sobre posibles indicaciones de La Moncloa para responder a informaciones periodísticas, aunque dicha mención no fue utilizada para justificar el enjuiciamiento. Finalmente, un voto particular sostiene que no es posible atribuir la filtración al fiscal general de manera justificada, dando credibilidad a testimonios de periodistas y argumentando que la información ya no era secreta cuando se reveló.