Un informe de la Agencia Antifraude de Valencia ha puesto en el punto de mira al actual comisionado gubernamental encargado de la recuperación post-Dana, José María Ángel, por la supuesta falsificación de un título de diplomado en Biblioteconomía. Este documento, presuntamente indispensable para sus nombramientos en la administración, incluyendo su rol como auxiliar de archivo y biblioteca, jefe de gabinete de la Diputación de Valencia y, más recientemente, secretario autonómico de Emergencias durante el gobierno de Ximo Puig, fue presuntamente validado de manera irregular por funcionarios de la Diputación. Esta situación subraya la importancia de la transparencia y la legalidad en el acceso a puestos públicos.

La revelación de este presunto engaño jurídico genera una profunda preocupación sobre la integridad de los procesos de selección en la administración pública. Si se confirman estas acusaciones, se evidenciaría una grave deficiencia en los controles de verificación de credenciales, lo que sugiere una cultura institucional excesivamente indulgente con la desprofesionalización y la politización. Esta politización, impulsada por los partidos políticos, a menudo sacrifica la meritocracia en aras de supuestas 'igualdades de oportunidades', facilitando la entrada de individuos sin la cualificación adecuada a puestos clave.

El caso de José María Ángel podría sumarse a una larga lista de controversias relacionadas con falsificaciones curriculares en la esfera política, aunque su impacto mediático podría desvanecerse rápidamente. A pesar de que la dimensión penal del escándalo podría estar prescrita, se espera que las autoridades pertinentes actúen de oficio para anular, al menos, el nombramiento inicial y tomar las medidas disciplinarias correspondientes. Esto incluiría la posible devolución de remuneraciones percibidas en los últimos cuatro años y la rectificación de cotizaciones sociales, especialmente relevante para alguien cercano a la jubilación. Este episodio recuerda a la película \"Atrápame si puedes\", donde la astucia del engaño se enfrenta a la inevitable búsqueda de la verdad y la justicia.

La aparición de tales irregularidades subraya la imperiosa necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control dentro de las instituciones públicas. Para garantizar la confianza ciudadana y la eficiencia gubernamental, es fundamental que cada posición sea ocupada por individuos que no solo posean las competencias necesarias, sino que también actúen con la más estricta honestidad y respeto por la legalidad, promoviendo así una administración pública íntegra y al servicio de la sociedad.