José María Ángel, una figura destacada en la reconstrucción post-dana de Valencia y presidente del PSPV-PSOE, se encuentra en el ojo del huracán tras las acusaciones de la Agencia Valenciana Antifraude sobre la supuesta falsificación de un título universitario para acceder a la función pública. En su defensa, Ángel ha emitido un contundente comunicado en el que no solo niega cualquier irregularidad en su trayectoria profesional, sino que también desglosa los requisitos de acceso a sus puestos, enfatizando que solo se le exigía el título de Bachillerato Superior. Sin embargo, su declaración elude la cuestión central de la presunta falsificación del diploma de Archivística y Biblioteconomía, un título que la Universidad de Valencia ha declarado inexistente en la fecha de su supuesta expedición. Esta omisión, junto con el anuncio de acciones legales contra Antifraude por supuesta vulneración de su derecho a la defensa, intensifica el debate sobre la transparencia y la probidad en la administración pública. La controversia subraya la complejidad de las investigaciones sobre irregularidades administrativas y la importancia del debido proceso, mientras Ángel se prepara para una batalla legal en defensa de su reputación y su extensa carrera en el servicio público.

El caso de José María Ángel ilustra las tensiones inherentes entre la investigación de posibles irregularidades y la protección de la reputación individual. Las acusaciones de Antifraude, que señalan una presunta falsificación de un título universitario, han puesto en tela de juicio su legitimidad en el desempeño de cargos públicos. No obstante, la estrategia de defensa de Ángel se centra en la legalidad de su acceso a la función pública, argumentando que cumplió con todos los requisitos de las convocatorias, los cuales, según él, no exigían el título universitario en cuestión, sino el Bachillerato Superior. Esta divergencia entre las acusaciones y la defensa resalta la necesidad de una aclaración exhaustiva de los hechos y la interpretación de la normativa aplicable. La decisión de Ángel de emprender acciones legales contra la Agencia Valenciana Antifraude por supuesta falta de audiencia y daño a su honorabilidad, introduce un nuevo frente en esta disputa, transformándola en un litigio legal donde se dirimirán tanto la veracidad de las acusaciones como la idoneidad de los procedimientos de investigación. Este episodio, por lo tanto, va más allá de un simple caso de presunta falsificación, convirtiéndose en un examen sobre los límites del poder de las agencias de control y los derechos de los funcionarios públicos.

Defensa de la Trayectoria Profesional y Cuestionamiento de Procedimientos

José María Ángel, comisionado del gobierno y presidente del PSPV-PSOE, ha roto el silencio en medio de las acusaciones de la Agencia Valenciana Antifraude. Su comunicado enfatiza la conformidad de su acceso a la función pública en 1983 y 1986, defendiendo su historial profesional en la Diputación de Valencia. Aclara que los requisitos para sus puestos iniciales solo exigían el Bachillerato Superior, documento que asegura haber presentado. No obstante, evita abordar directamente la presunta falsificación de un título universitario de Archivística y Biblioteconomía, cuya existencia en 1983 ha sido negada por la Universidad de Valencia. Ángel critica la investigación de Antifraude por no notificarle ni ofrecerle audiencia, lo que considera una vulneración de su derecho a la defensa y un ataque a su honorabilidad.

El comisionado José María Ángel, en un esfuerzo por despejar las dudas sobre su expediente profesional, ha ofrecido detalles sobre su trayectoria en la Diputación de Valencia, la cual comenzó en 1981 como auxiliar administrativo. En 1983, accedió a una plaza de funcionario de carrera como Auxiliar Técnico de Archivos y Biblioteca, un puesto para el que, según su versión, solo se requería el título de enseñanza media, bachillerato o equivalente, habiendo presentado su título de Bachiller Superior. Posteriormente, en 1984, se convocaron plazas para Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, a las que se integró mediante un proceso de pruebas y formación, sin que se exigiera un título universitario específico en ese momento, sino la posesión de la plaza anterior y la superación de un examen. La controversia radica en un diploma de Archivística y Biblioteconomía que, según la Agencia Valenciana Antifraude, fue presuntamente falsificado y validado por la Diputación de Valencia, un título que la Universidad de Valencia ha desmentido que existiera en 1983. Ante esta situación, Ángel ha manifestado su sorpresa por la investigación sin notificación previa y ha anunciado acciones legales para defender su nombre y honorabilidad, argumentando que la actuación de Antifraude ha sido motivada por "oportunidad política" y ha cercenado su derecho a la contradicción.

La Sombra del Título Falso y la Batalla por la Honorabilidad

A pesar de la vehemente defensa de José María Ángel sobre su ingreso legítimo a la función pública, la principal controversia persiste en torno a la presunta falsificación de un título universitario. La Universidad de Valencia ha refutado la existencia de dicho diploma de Archivística y Biblioteconomía en el año en que supuestamente fue expedido, un hecho que la declaración de Ángel no aclara directamente. Su estrategia se centra en la legalidad de los requisitos de acceso a sus puestos, que no demandaban dicho título. Sin embargo, la Agencia Valenciana Antifraude mantiene la investigación, lo que ha llevado a Ángel a acusar al organismo de actuar sin el debido proceso y con motivaciones políticas. Esta confrontación plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la integridad de los registros públicos y la formación académica de los funcionarios, mientras el comisionado se prepara para litigar en defensa de su reputación.

La esencia de la acusación contra José María Ángel no reside en los requisitos generales para sus puestos iniciales, que según él se limitaban al Bachillerato, sino en un diploma específico de Archivística y Biblioteconomía que supuestamente presentó y que la Universidad de Valencia ha declarado inexistente para el año 1983. Esta discrepancia es el epicentro de la investigación de la Agencia Valenciana Antifraude. Aunque Ángel ha insistido en que su acceso a la función pública siempre cumplió con las exigencias de las convocatorias, su comunicado no ofrece una explicación sobre la aparición de este título específico ni sobre cómo fue validado por la Diputación de Valencia si la universidad emisora niega su existencia en la fecha indicada. La postura de Ángel, que incluye la amenaza de acciones legales contra Antifraude por supuesta "cercenación" de su derecho a la audiencia y un presunto ataque a su honorabilidad, sugiere una batalla legal que irá más allá de la mera verificación de un título. Este caso se ha transformado en un pulso entre una institución pública de control y un funcionario de alto nivel, poniendo de relieve la importancia de la rendición de cuentas y la necesidad de esclarecer las dudas sobre la idoneidad académica en el servicio público, especialmente cuando se trata de figuras con trayectorias prolongadas y responsabilidades significativas.