El estado de Quintana Roo ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo de un sistema renovado de transparencia gubernamental bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este esfuerzo se fundamenta en el "Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo" que establece como ejes principales la transparencia, la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas. Durante una reunión clave del Consejo del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, encabezada por Raquel Buenrostro, Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, la gobernadora Mara Lezama Espinosa subrayó la necesidad de garantizar que los recursos públicos sean gestionados con integridad y responsabilidad.

En el marco del mencionado acuerdo, las autoridades destacaron la importancia de fortalecer mecanismos institucionales que promuevan una mayor apertura hacia la ciudadanía. La sesión virtual contó con la participación de figuras relevantes como Reyna Arceo Rosado, quien preside la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como otros funcionarios nacionales e internacionales vinculados al ámbito de la transparencia pública. En este contexto, se aprobaron nuevas reglas operativas destinadas a mejorar la funcionalidad del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública.

El consejo actúa como órgano colegiado responsable de coordinar y deliberar sobre estrategias para garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública. A través de diálogos y colaboraciones interinstitucionales, busca formular lineamientos claros y políticas públicas efectivas que refuercen estos principios en todo el territorio nacional.

Este esfuerzo conjunto entre diferentes niveles de gobierno demuestra la relevancia de trabajar mancomunadamente para construir una red sólida de transparencia y rendición de cuentas. Además, resalta la importancia de involucrar tanto a organismos estatales como federales en esta iniciativa transformadora.

Con estas acciones, México da un paso significativo hacia la consolidación de un modelo moderno de transparencia que beneficie a toda la población. Al priorizar estos valores, se busca no solo restaurar la confianza ciudadana, sino también asegurar un uso eficiente y ético de los recursos públicos destinados al bienestar colectivo.